Cómo legislar el impulso a las renovables se ha convertido en el culebrón del Botànic en la negociación definitiva para los presupuestos de 2023 y su ley de acompañamiento. Ambas leyes sortearon este lunes el primer escollo en Les Corts, con el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. Sin embargo, falta el detalle y ahí la gestión de las renovables emerge como principal foco de tensión entre los socios.
Unides Podem y Compromís presionan al PSPV para que apoye las enmiendas presentadas por ambas formaciones a la ley de acompañamiento. El debate no es nuevo ni exclusivo de la ley de acompañamiento. Es una constante en los últimos meses (véase la destitución de la consellera Mireia Mollà por sus críticas al retraso) y que en esta ocasión, se ha materializado en peticiones de modificación de la Ley de Acompañamiento hechas por Unides Podem y Compromís.
En estas piden más poder de decisión a los ayuntamientos en la implantación de estas instalaciones y crear la Agencia Valenciana de Energía, propuestas que el PSPV rechaza. El discurso de los socialistas va más bien en la línea contraria: dar más agilidad a los trámites. La negativa de los del puño y la rosa la replican sus socios de gobierno que aseguran que estas medidas se pactaron en mayo, cuando se aprobó el macrodecreto por la guerra de Ucrania.
«El PSPV se ha salido de un acuerdo y vamos a presionar para que se cumpla», expresó el diputado de Unides Podem, Ferran Martínez, antes del pleno. El argumento fue compartido también por la síndica de Compromís, Papi Robles, que incidió en ese pacto de mayo para presionar a los socialistas. «Queda tiempo para negociar y para que finalmente los socios de gobierno cumplan el acuerdo», señaló Robles, que se mostró confiada en que se llegaría a un pacto «como siempre».
Examen europeo en dos meses
Sin embargo, los del puño y la rosa consideran que no han incumplido nada. Su síndica, Ana Barceló, se basó en la literalidad del acuerdo firmado para justificarlo. En este pacto, dijo, se «insta» a que fuera el Consell quien hiciera los cambios en la Ley de Acompañamiento, «no los grupos parlamentarios». «Y si el gobierno ha decidido no hacerlo, será por algo», señaló la portavoz socialista.
No fue la única justificación de la negativa. También añadió que muchas de estas medidas ya se están incorporando a través de diferentes mecanismos, como la ley de cambio climático y que, además, las propuestas de Compromís y UP piden que se apliquen con «retroactividad». «Supondría cambiar las reglas del juego a mitad partido», algo que, consideran los socialistas, «afectaría negativamente a todos los proyectos que ya están en tramitación».
Ese miedo tiene, además, una fecha en el horizonte: el 25 de enero. Es el día señalado por la Unión Europea para cerrar el proceso de aceptación de los proyectos de renovables, bien sea aceptándolos o bien rechazándolos con una justificación adecuada. La falta de respuesta, temen en Presidencia, podría acarrear posibles responsabilidades legales de la Generalitat frente a los promotores en caso de incumplimiento lo que podría acarrear algún tipo de obligación económica o indemnización.
En este sentido, añadir un cambio de normativa al ya atascado proceso burocrático a apenas dos meses de que acabe el ultimátum de Bruselas hace que el pacto entre socios sea, en esta ocasión, especialmente complicado.
