El PP exprime la crisis energética en el Consell con dos investigaciones

Cuando se cumple una semana de la destitución de Pedro Fresco como director general de Transición Ecológica (el último capítulo de la batalla que se libra en el seno de Compromís sobre su política energética), el PPCV ha decidido pasar al ataque contra el Consell por su gestión de las renovables. Lo ha hecho siguiendo las pautas habituales, personalizando la ofensiva en el president Ximo Puig y realzando la división en el tripartito de izquierdas.

Desgastar

El líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, anunció ayer de una tacada tres acciones que su partido va a desplegar en paralelo para tratar de desgastar al Consell por el retraso en el despliegue de renovables, especialmente en un contexto de crisis energética. El PP presentará un recurso ante el Síndic de Greuges para que investigue el «colapso» en la resolución de expedientes de instalación de plantas fotovoltaicas, denunciará ante la Inspección General de Servicios la «falta de diligencia» en ese proceso y exigirá responsabilidades políticas y patrimoniales en las Corts en una proposición no de ley.

Mazón defendió la necesidad de estas iniciativas ante lo que consideró un «posible bloqueo político» a la instalación de placas solares por parte de Compromís, a quien volvió a acusar de tener «prejuicios» en la materia y de realizar «purgas» entre aquellos partidarios de acelerar el despliegue de plantas fotovoltaicas, y ante la «pasividad» de Puig, a quien situó como máximo responsable de que la Generalitat acumule «350 proyectos paralizados». 

Consecuencias económicas

El alicantino puso el foco también en las consecuencias económicas de lo que considera un atraso deliberado de la coalición valencianista a la autorización de plantas solares. «Más de 5.000 empleos están esperando poder ponerse en marcha y más de 6.000 millones de inversión no se están desarrollando», lamentó Mazón, que destacó que «lo más grave» es que «se está jugando con posibles indemnizaciones que pagaremos todos de alrededor de 1.000 millones», en referencia a las posibles demandas de los promotores en caso de que los expedientes terminen decayendo si no son resueltos antes del 25 de enero. 

Suscríbete para seguir leyendo