La corrupción lleva al banquillo a Camps y Rus por Gürtel y Taula

Dos hombres y un mismo destino judicial a partir del 23 de enero. La casualidad ha querido que Francisco Camps y Alfonso Rus se sienten en el banquillo de los acusados a partir de mañana por dos causas relacionadas con su gestión al frente de la Generalitat y de la Diputación de València. Dos vidas políticas que escriben su próximo capítulo en paralelo tras iniciarlo de la misma forma en 2004. Camps fue elegido presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana en 2004.

Hasta que su primera imputación por la pieza de los trajes de la trama Gürtel lo obligara a dimitir el 20 de julio de 2011. El mismo año 2004 Rus era elegido presidente plenipotenciario de los populares en la provincia de València hasta que una polémica grabación del caso Taula en la que supuestamente aparece contando billetes lo descabalgó de la política. Los dos barones encaran la cita judicial que afrontan mañana reivindicando su inocencia.

El expresidente Camps «inauguró» el primer juicio de los cinco que la trama Gürtel ha provocado en la Comunitat Valenciana. Y encabeza la delegación valenciana desplazada a la Audiencia Nacional para cerrar este círculo gürteliano. Una historia que arrancó el 6 de febrero del año 2009 que, casi catorce años después, se ha cerrado con un saldo de tres condenas y media con 53 penados y seis absoluciones. Entre ellas la de Francisco Camps que logró en 2012 que un jurado popular lo declarara «no culpable».

Hace once años

Once años después la situación es muy distinta a cómo se afrontó aquel primer juicio de los trajes en el jurado popular del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Aunque la que abrió camino fue la que juzgó los 5,6 millones en contratos que la trama Gürtel obtuvo de la Conselleria de Turismo entre 2005 y 2008, de los que logró 1,9 millones de beneficios.

La sentencia fue relevante porque confirmó que la Gürtel se introdujo en la Generalitat «hasta el punto de que se había producido un desembarco, una sustitución de la administración por las empresas» del grupo Francisco Correa. Y porque avaló la instrucción iniciada por Baltasar Garzón y validó las grabaciones del exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que originaron la investigación policial en 2007 y judicial en 2009. Decisiones judiciales made in València que después ratificó el Tribunal Supremo. Y que allanaron el camino al resto de piezas de la trama valenciana y madrileña.

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El Supremo también confirmó que la campaña electoral a la Generalitat que encabezó Camps en mayo de 2007 lo hizo dopado con los 1,2 millones que se gastó Orange Market, con la ayuda de nueve contratistas condenados. Aunque el PP sólo declaró haberse gastado 175.000 euros. Camps compareció lo negó todo como testigo, pero la justicia condenó a sus escuderos Ricardo Costa y David Serra, que esquivaron la cárcel. Y la Audiencia Nacional también falló que la visita del papa facilitó 3,2 millones de mordidas en el contrato de 7,4 para retransmitirla.

Reconocen los hechos

Así que la última pieza valenciana se afronta con once de los 26 acusados reconociendo los hechos imputados y, lo que más solivianta a Camps, apuntando de quien recibían las órdenes. El expresidente de la Diputación de València aseguró la madrugada del 27 de enero del año 2016, tras ser detenido por el caso Taula, que «todo es un montaje. Ya diré de quién». Siete años después sigue sin resolver el misterio. Tal vez pueda desvelarlo en su primer juicio del caso Taula (el segundo de esta macrocausa) de los cuatro que le esperan.

El caso comenzó a investigarse por la Fiscalía en julio del 2014, pero estalló el 26 de enero del 2016. Casi siete años después, de las doce piezas separadas del caso Taula sólo se ha juzgado una, la de Thematica Events, de la que se desconoce la sentencia.

La segunda vista, la de los contratos zombis sentará mañana en el banquillo de los acusados a 26 personas por el clientelismo político en las empresas públicas Ciegsa e Imelsa. A Rus lo acompañan sus dos fieles escuderos, Emilio Llopis (su jefe de gabinete y exalcalde Genovés) y Máximo Caturla, exvicepresidente de la Diputación. Además de su alter ego socialista, el portavoz del PSPV en la institución provincial, Rafael Rubio. Y con el yonqui del dinero, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, arrepentido de arrepentirse, y aliado con Rus para intentar tumbar la causa mediante alegaciones de nulidad. Dos juicios que servirán, junto al caso Erial que juzgará al expresidente Eduardo Zaplana, de epílogo a los veinte años de dominio popular en la política valenciana. 

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