El Consell habilitará una prueba de nivel para conceder el requisito lingüístico a los funcionarios

El requisito lingüístico para los funcionarios de la Generalitat sigue protagonizando un camino repleto de sobresaltos hasta su puesta en marcha. Después de que el proyecto se atascara durante años en el seno del Consell por las diferencias entre PSPV y Compromís sobre el nivel de valenciano exigible a los empleados públicos de la administración autonómica, ahora, con los socios ya de acuerdo sobre el texto legal y a las puertas de que reciba la luz verde definitiva, varios sindicatos han anunciado alegaciones al borrador en las que reclaman postergar su entrada en vigor y que podrían obligar al Botànic a introducir cambios de calado en la norma.

Vídeo polémico: “El puto C1 de catalán”, expedientan a una enfermera por criticar en TikTok los requisitos de unas oposiciones

El motivo, según señalan desde UGT y Csif (los sindicatos que han recurrido), es que algunas de las personas aspirantes no van a tener tiempo material de inscribirse en las pruebas de acreditación del nivel de valenciano ante la elevadísima demanda o de homologar sus títulos previos y por tanto, no podrán cumplir con el requisito de acceso a la función pública. Según acordaron las conselleries de Justicia, Interior y Función Pública y de Educación, los altos funcionarios deberán disponer de un C1 (equivalente al antiguo 'mitjà') en lugar de un B2 como hasta ahora. Para los grupos B y C1 se pedirá un B2 y para el C2, un nivel B1 de valenciano.

Antes de aplicarse, se concede un periodo de gracia que los sindicatos consideran insuficiente. Para los funcionarios superiores, el borrador establece una moratoria de dos años y fija que la exigencia del C1 "comenzará a hacerse efectiva en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la Oferta de Empleo Público de 2025", pero UGT y Csif piden ampliarlo hasta 2027. Asimismo, UGT aboga también por dilatar los tiempos para los rangos menores y que el requisito tampoco aplique a la OPE de 2023, cuya convocatoria está prevista para este mismo mes de marzo y que según el texto ya estaría sujeta a los nuevos baremos.

Prueba de nivel previa, la alternativa

Ante este escenario, la Generalitat ha explorado opciones intermedias en la mesa de negociación que mantiene con los sindicatos. Este órgano no es vinculante, pero es probable que el Botànic busque fórmulas de acercamiento para no llevar el decreto al pleno del Consell con la oposición de los agentes sociales, especialmente al filo de las elecciones y en dos temas tan sensibles como son la lengua y los funcionarios.

La idea de la Generalitat es no modificar el calendario de puesta en marcha del decreto ante los reparos que pone Compromís, que no quiere tocar ni una coma. Así, Justicia va a establecer una especie de fila de prioridad, algo así como los sistemas de embarque rápido de las aerolíneas y realizará una prueba de nivel, previa a la oposición, para aquellos aspirantes que no puedan obtener su certificado de la Junta Qualificadora a tiempo de presentarse a la OPE de 2023. El examen estaría supervisado por la propia entidad y tendrá la misma validez que el resto, señala Justicia.

La música le suena bien a las centrales sindicales, pero plantea muchas incógnitas. La principal, si ese examen tendría validez oficial o los opositores deberían repetir la prueba por los cauces habituales para consolidar ese C1. Los sindicatos reclaman que la prueba alternativa tenga la misma validez. Igualmente, UGT alertó de que esta opción podría no resolver el problema en el ámbito municipal, ya que actualmente no existe un convenio de la Junta Qualificadora con los ayuntamientos, algo que sí sucede con la Generalitat.

Suscríbete para seguir leyendo