El Consell amplía el examen alternativo de valenciano a las oposiciones municipales

Justicia rechaza ampliar la moratoria y exigirá el ‘mitjà’ al personal de alto rango en 2025

Estudiantes buscan su aula en unas oposiciones recientes

Estudiantes buscan su aula en unas oposiciones recientes

Diego Aitor San José/ Mateo L. Belarte

Prueba extraordinaria para certificar el nivel de valenciano válida para todas las Administraciones públicas y exigencia del C1 para el alto funcionariado de la Generalitat a partir de 2025 sin moratorias. Son dos de las conclusiones con las que se cerró ayer la reunión entre el Gobierno valenciano y los sindicatos sobre el decreto de requisito lingüístico en el que supone superar el último escollo antes de que el texto lo acabe aprobando el Consell.

El borrador pactado por la Conselleria de Justicia y Educación pasó ayer por el filtro de las organizaciones de trabajadores y lo hizo sin que el Ejecutivo autonómico haga grandes cambios en su hoja de ruta. Al acuerdo solo mostró su oposición uno (Csif, que siempre se ha mostrado contrario al requisito) de los tres sindicatos (UGT y CC OO PV) representados en la Mesa General de las Adminsitraciones Públicas.

De la reunión, el principal punto que arrancan los sindicatos es sobre la prueba extraordinaria para validar el nivel de valenciano. Como publicó Levante-EMV, el Consell habilitará un examen que permitirá a aquellos que no hayan podido certificar el nivel de valenciano exigido en las oposiciones de este año, que ya se celebrarán con el requisito lingüístico en vigor.

Pruebas con certificado

Así, la novedad con la que finalizó el encuentro fue con el compromiso de que estas pruebas de nivel extraordinarias serán válidas para todas las oposiciones a todas Administraciones valencianas, es decir, que también se incluirá a quienes aspiren a entrar en una plaza funcionarial en un ayuntamiento. La duda era precisamente si este examen podría contarse para los municipios, quienes no tienen convenio con la Junta Qualificadora.

Según confirman fuentes presentes en la reunión, el Consell se ha comprometido a garantizar esta validez, algo que ha hecho el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, en persona, que acudió al encuentro. No solo eso, sino que estas pruebas de nivel previas a las oposiciones tendrán una certificación oficial igual que si se presentasen a las pruebas de la Junta Qualificadora, algo que no podrían haber hecho todos los aspirantes a las OPE de este año. El compromiso de estas pruebas y que se extiendan a las Administraciones locales es el que ha hecho que UGT, que hasta ahora había sido crítico con los tiempos planteados por Bravo, haya decidido respaldar el decreto igual que CCOO PV.

De hecho, no hay una votación como tal sino una posición de aval o no al texto, aunque este podría salir con el rechazo de los sindicatos ya que no es vinculante.

La otra cara de la moneda es que el requisito lingüístico entrará sin más moratorias que las previstas pese a las alegaciones de Csif y UGT. Las primeras serán ya para este 2023 para los niveles intermedios mientras que para el alto funcionariado se hará a partir de 2025, cuando se les exigirá contar con un C1.

Según fuentes presentes en el encuentro, la consellera de Justicia trasladó a las organizaciones sindicales que el plazo de dos años para el alto funcionariado es «razonable» y que no pilla por sorpresa a nadie tras la aprobación de la ley de Función Pública. Asimismo, insistió en la homologación del nivel para quienes superen los dos cursos de Bachillerato con un 7 o más.

En el encuentro también se acordó que se queden fuera de la aplicación del decreto los interinos que ya hubieran superado una fase selectiva así como el personal laboral con funciones sanitarias de los consorcios hospitalarios, como el Hospital General de València, que quedan pendiente de una negociación posterior.

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