El Consell limitará el precio de los alquileres "al día siguiente" de que se apruebe la ley de Vivienda

«Al día siguiente», para qué esperar más. Es la promesa del vicepresidente segundo de la Generalitat, responsable de Vivienda en el Consell y candidato de Unides Podem para el 28 de mayo, Héctor Illueca, respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico pueda limitar los precios de los alquileres una vez entre en vigor la ley de Vivienda que, tras un año de bloqueo en el Congreso, ayer vio despejado su camino tras el acuerdo entre ERC, Bildu y el Gobierno. 

Illueca hizo ayer de la procrastinación un defecto y se comprometió a impulsar de inmediato la regulación de los alquileres, una competencia que recaerá en las autonomías una vez salga a la luz. «Al día siguiente de su entrada en vigor vamos a activar los mecanismos que permitirán regular los alquileres», dijo el conseller de Vivienda minutos después de que ERC y Bildu escenificaran el acuerdo con el Ejecutivo central en el Congreso. 

La futura ley estatal, según explicaron en rueda de prensa las formaciones vasca y catalana, servirá de paraguas para que las autonomías, quienes tienen competencia sobre vivienda, puedan actuar fijando un tope del 3 % en 2024 a los alquileres. Esto solo podrá hacerse en las zonas que se declaren como «tensionadas», una medición que el Ejecutivo autonómico ya tiene avanzada con el índice Anha de Alta Necesidad de Habitaje. 

«Tenemos los deberes hechos», dijo Illueca respecto al caso valenciano. Estos índices habilitarían la puesta en marcha del tope al alquiler «al día siguiente» de su entrada en vigor en los 83 municipios que señala el informe elaborado por el departamento autonómico de vivienda en 2021.  No obstante, es probable que los cambios introducies en la ley le obliguen a una actualización. 

Así, en la norma se especificará que para que una zona sea declarada tensionada tendrá que cumplir uno de los dos condicionantes: que la carga media del alquiler más gastos de suministros del hogar supere 30 % de la renta media de las unidades de convivencia o que el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores. 

A partir de estos indicadores será la Generalitat, junto con los ayuntamientos, los que podrán declarar una zona como tensionada. Estos tendrán de manera general un primer tope, con una subida máxima del 2 % en 2023 y del 3 % en 2024. A partir de 2025 será necesario un nuevo índice que «nunca podrá superar el IPC» y que se deberá acordar entre el Gobierno central y las autonomías. 

También habrá un trato diferencial para las nuevas incorporaciones al mercado entre grandes propietarios (que la nueva ley señalará en quienes tienen más de cinco viviendas frente a las 10 que hasta ahora se establecía) y el resto con bonificaciones fiscales para estos últimos como incentivo para que amolden el precio del alquiler al que se acabe fijando para cada área —algo que la Generalitat ya aplica desde 2019—. 

Revulsivo hacia el 28M

El pacto es en el Congreso, en el marco estatal, pero se notará en la gestión autonómica y también en la campaña electoral valenciana. La premura del comunicado de Illueca evidencia que Unides Podem hará de esta medida una de sus banderas de cara a exhibir su papel durante la legislatura en Vivienda así como reivindicar su presencia en un tercer Botànic. 

Esta limitación de los alquileres se ha convertido, de facto, en la primera promesa electoral de Unides Podem si logran una reedición de la mayoría de izquierdas en las Corts tras el 28 de mayo. Difícilmente dará tiempo a que la ley salga adelante en el Congreso —su legislatura acaba en otoño—, entre en vigor la norma y el Ejecutivo autonómico pueda actuar en la dirección señalada.  

Pero efecto va más allá de los morados y de la política autonómica. Tanto Compromís como PSPV celebraron en las redes sociales su aprobación, aunque los segundos sin entrar en especificaciones sobre los alquileres ni promesas futuras. Sí que entraron en la materia de los compromisos —con el tono electoral de las fechas— tanto los socialistas como los valencianistas en el Ayuntamiento de València. Los candidatos de ambas formaciones, Sandra Gómez y Joan Ribó, aseguraron que reclamarán la declaración de toda la ciudad como zona tensionada abriendo la puerta a la limitación de los alquileres.