Ordenación del territorio

Casi 194.000 viviendas son ilegales y 53.000 se sitúan en suelos protegidos en la Comunitat

Son casas que «no han podido ser reconducidas a la legalidad» por la negativa de los propietarios a asumir los costes de saneamiento de las propiedades o la completa urbanización

Casa ilegal en San Miguel de Salinas, parque natural de Sierra Escalona

Casa ilegal en San Miguel de Salinas, parque natural de Sierra Escalona / MEDITERRÁNEO

Laura Ballester

En la Comunitat Valenciana existen un total de 193.919 viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable que «no han podido ser reconducidas a la legalidad» por «la negativa de los propietarios a hacerse cargo de los elevados costes de las infraestructuras de que carecen». De estas 193.919 viviendas ilegales, un total de 53.000 casas (el 27 por ciento) están en suelo no urbanizable (SNU) protegido. Una situación urbanística que «hace aún más difícil su regularización·».  

El inventario de las viviendas irregulares o ilegales en toda la Comunitat Valenciana se realizó durante la etapa de la entonces consellera, Rebeca Torró, (actual secretario de Estado de Industria) en la Conselleria de Política Territorial para determinar cuántas podrían acogerse a un expediente o plan de minimización de impacto. Unas cifras analizadas por el catedrático de Geografía y exconseller Eugenio Burriel, en el artículo publicado junto al urbanista Gerardo Roger Fernández, «El urbanismo valenciano en el siglo XXI» publicado en la obra de la Editorial Aranzadi, Territorios en transformación: oportunidades y propuestas frente a las crisis

Burriel y Fernández destacan que «el problema de la gran cantidad de viviendas edificadas ilegalmente en suelo no urbanizable se arrastra desde los años 60 del siglo pasado». Un total de 73.876 viviendas se pudieron legalizar al reclasificar el suelo en el que estaban construidas en suelo urbano o urbanizable. «Pero en 2022 se contabilizaron todavía 193.919 viviendas que no han podido ser reconducidas a la legalidad». Entre otras causas, reflejan Burriel y Fernández en su artículo, por «la negativa de los propietarios a hacerse cargo de los elevados costes de las infraestructuras de que carecen y la imposibilidad de asumirlos los ayuntamientos, tanto por su montante económico como por razones de equidad con el resto de los propietarios». Y con el añadido de las 53.000 viviendas en suelo no urbanizable protegido «que hace aún más difícil su regularización».  

Impacto medioambiental

La pervivencia de estas viviendas no es una cuestión baladí. «Plantea numerosos y graves problemas por sus impactos medioambientales: vertidos de aguas residuales, afección al medio natural y al paisaje, localización en zonas sensibles, forestales o inundables». Aunque, advierten los dos expertos, su persistencia implica «una deficiente calidad urbana y una falta de seguridad jurídica para sus propietarios y son fuente de conflictos con los ayuntamientos».

De las casi 200.000 viviendas ilegales, «66.671 anteriores a 1976 se pueden considerar legalizadas por la disposición transitoria de la ley de ordenación del territorio de 2014». Otras «casi 20.000 podrían obtener licencia como vivienda unifamiliar aislada. Otras 701 viviendas después de 2014 procede demolerlas».

«A las 107.851 viviendas ilegales restantes no se les puede aplicar ya medidas de restauración de la legalidad, porque han transcurrido 4 años desde su finalización; por tanto, permanecerán en SNU en régimen de fuera de ordenación».

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