El juez investiga a Joan Ribó por la construcción de la piscina de Alboraia en término de València
El juzgado admite la declaración como investigado del expolítico de Compromís después de que la acusación popular (una asociación vinculada al Partido Popular) le incluya en su querella por no sancionar las obras realizadas en término municipal de València y en terreno de huerta protegida
Una imagen de archivo de cuando acabaron las obras de la piscina descubierta en abril de 2023 / A.A.
Violeta Peraita
La investigación del juzgado número 19 de València por la construcción de la piscina descubierta municipal de Alboraia a mediados del año 2023 tras una querella presentada por un particular contra el actual primer edil del municipio de l’Horta Nord, ha terminado salpicando al exalcalde de València. El juzgado ha aceptado la declaración como imputado de Joan Ribó, ya retirado de la política, quien tendrá que pasar por el juzgado el próximo mes de julio.
En su querella, la parte acusatoria denuncia que el consistorio alboraiense construyó una piscina descubierta dentro del complejo deportivo del pueblo situado en el término municipal de València y lo hizo sin pedir licencia a la ciudad, pese a que paga un IBI por los terrenos que también son de su propiedad, pero están en terreno del cap i casal.
De hecho, este es un asunto que arrastran ambos consistorios desde los años ochenta, pues Alboraia paga a València por hacer uso los terrenos (propiedad de Alboraia pero en término municipal de la ciudad del Túria) y ha pedido en reiteradas ocasiones que este punto, lindando con el otro municipio, pase a ser de l'Horta Nord y se reestructure así las fronteras entre las dos ciudades vecinas. Las fórmulas propuestas han sido muchas durante estos años, pero la operación no se ha terminado de cerrar ni concretar nunca.
En segundo lugar, el denunciante añade que esta infraestructura deportiva, la piscina descubierta, se encuentra, además, en terreno de huerta protegida por lo que estaría incurriendo en un delito ambiental y urbanístico. Por este motivo, la jueza citó a declarar en calidad de testigos y en la fase previa a la instrucción el pasado martes, 18 de febrero, tal como ha podido confirmar este diario al alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, a varios técnicos municipales de Alboraia y València y hará lo propio con el expolítico de Compromís en julio.
La asociación que ejerce la acusación popular, presidida por María Ángeles López, exalcaldesa de Catarroja (PP) y el abogado es Víctor Soriano, asesor del PP en el Senado, atribuye al Ayuntamiento de València la responsabilidad de no haber restaurado la legalidad ni haber abierto un expediente sancionador para castigar los hechos que ahora se investigan.
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