Una dana sin nadie al mando en el Consell

La barrancada y la riada del 29 de octubre de 2024 que provocaron la muerte a 228 personas (más dos trabajadores en las tareas de recuperación posterior) es la peor tragedia vivida en la Comunitat Valenciana desde el accidente del metro del 3 de julio de 2006 (43 fallecidos), el accidente del Proof Spirit del 3 de julio de 1997 (18 fallecidos), la pantanada de Tous (6 fallecidos) y la riuà de 1957 ( 81 víctimas mortales).

La peor tragedia de la Comunitat Valenciana parece que se produjo sin nadie al mando en la Generalitat. Es lo que se deduce a la vista de las declaraciones de la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, del pasado viernes, que revelan el fracaso de la política, al haber situado el presidente de la Generalitat Carlos Mazón a una persona inexperta al frente de unas competencias tan delicadas y vitales para la ciudadanía. 

Salomé Pradas usó como defensa propia en su declaración como investigada que apenas llevaba tres meses al frente de las emergencias valencianas, área en la que no tenía experiencia, tras diez años de carrera política (municipal, en el Senado y en la Generalitat). De hecho, llegó a declarar que «no tenía asesores en materia de emergencia».

El que sí se supone que entendía de la materia era Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias, quien al ser elegido para esta tarea en julio de 2024 se jactó con un «esto es lo mío». Aunque como parte de su estrategia de defensa esgrimió que decretó el nivel 1 de Emergencia cuando los siete tornados y las intensas lluvias atravesaron la Ribera durante la mañana del fatídico 29 de octubre. Pero hasta ahí llegó su cometido porque, al decretar el nivel 2 de Emergencia a las 15 horas, las competencias ya pasaban a estar en manos de su superior, la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, lo que cierra el circulo vicioso de la falta de mando al frente de la emergencia que provocó la dana el 29 de octubre. En el Cecopi, dijo, él se limitó a dar su opinión.

Ambos deciden acudir a Carlet porque «provenían muchas incidencias» de este municipio de la Ribera Alta. En este interín es cuando la emergencia se eleva de nivel 1 a 2 debido a la crecida del río Magro que afecta a Utiel, donde finalmente fallecerán seis personas. Y se convoca el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) al que tanto Pradas como Argüeso llegarán con el tiempo justo porque tardaron dos horas en llegar desde Carlet a l’Eliana. Durante varias horas, mientras se organizaba la tormenta perfecta, el Centro de Emergencias se quedó sin los máximos responsables políticos, con los técnicos al mando, en los que la cúpula delega toda la responsabilidad. Y con Presidencia de la Generalitat también desconectada de la emergencia, aunque siendo informada, según Pradas.

Técnicos que suman «cien años de experiencia»

«En la mesa del Cecopi había más de cien años de experiencia en materia de emergencias», declaró Pradas el viernes a la jueza. El Cecopi es el cerebro de la Emergencia, donde se deben centralizar todos los incidentes y adoptar las decisiones para intentar minimizar los efectos de las catástrofes. 

«Estaba el secretario autonómico de Emergencias, que es Guardia Civil y Policía [Emilio Argüeso]; el director general de emergencia, bombero de profesión (Alberto Martín Moratilla, que sigue en el cargo); dos miembros de la UME; el subdirector de Emergencias, (Jorge Suárez); el jefe operativo e inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos (José Miguel Basset), también el director gerente de la Sgise [(Sociedad valenciana de gestión integral de los servicios de emergencias), Raúl Quilez]», explicó la exconsellera en su declaración. Y telemáticamente asistieron al Cecopi «la delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé] en una pantalla; la Confederación Hidrográfica del Júcar con una mesa llena de gente; la Aemet (Agencia estatal de meteorología); la Guardia Civil y la Policía Nacional». «Todos ellos -continuó Salomé Pradas- con la experiencia sobrada para aconsejarnos, para coordinarse. Todos expertos menos la delegada del Gobierno y yo, que éramos las representantes institucionales».

Fallos de comunicación y críticas a la CHJ

La teoría, sobre el papel, del plan de emergencias frente al riesgo de inundación fija que el Cecopi centralice toda la información relevante durante el episodio catastrófico. Pero a partir de las mismas declaraciones de Pradas y Argüeso se desprenden auténticos agujeros negros en la comunicación de los principales actores del 29-O. El mantra que han repetido en la Generalitat estos cinco meses y medios desde la dana apuntan a la falta de información, al «apagón informativo» de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por no alertar de la crecida de los barrancos. «Se desconocía el desbordamiento del barranco del Poyo», defendió Salomé Pradas en su declaración. «No fuimos conscientes de la emergencia del Poyo hasta las 20.30 o 21.00 horas, en el segundo Cecopi», argumentó Argüeso. 

La CHJ alega a este respecto, que la información de los barrancos se recoge a través del SAIH (Sistema automático de información hidrológica) disponible para todo el mundo a través de la página web y para Emergencias a través de una aplicación «facilitada por la CHJ», el SAIH Win. Ambos responsables también admitieron en su declaración que durante la tarde del 29-O todas las miradas estaban puestas en el pantano de Forata. «Se nos alerta del posible riesgo, de que podía colapsar la presa, nada más iniciarse el Cecopi».

Por qué se ignoraron las llamadas al 112

Además de las críticas al Gobierno central, los dos exaltos cargos imputados también apuntan hacia abajo: dirigen sus críticas a tres técnicos de Emergencias. Sobre Jorge Suárez, Emilio Argüeso declaró el viernes que fue el que le instigó a no tener en cuenta las 19.821 llamadas al teléfono de Emergencias 112 que se registraron durante el día de la dana. «Jorge Suárez dijo que no había que tener en cuenta las llamadas al 112, porque en una accidente de circulación llaman 50 personas».

El exsecretario autonómico de Emergencias también responsabiliza al subdirector de Emergencias (funcionario con 30 años de experiencia en esta materia) de que «tendría que haber enviado al Cecopi el correo de la CHJ sobre el incremento del caudal del Poyo que se recibió en la sala 112 a las 18.43 horas». «Él no informó al Cecopi, seguramente porque no lo conocía», aseguró Argüeso en su declaración. También deslizó el exsecretario autonómico que Suárez estuvo de vacaciones los días previos. La falta de previsión contrasta con los preparativos ante la dana de 2019, la de la Vega Baja y la Vall d’Albaida, con el Cecopi montado días antes.

Sin información del exterior

Además de las críticas al Gobierno central, los dos exaltos cargos imputados también apuntan a tres técnicos de Emergencias. En la socialización de responsabilidades, de además de a Suárez, también se señala a la directora de Comunicación del Sgise, Aurora Roca, porque «no comunicó nada de lo que se producía fuera». Ni respecto a las cuantiosas llamadas dirigidas al 112. El Emergencias se constituyó con el pico de llamadas en una hora: 2.438. Ni de las informaciones que iban publicando o retransmitiendo las televisiones o periódicos como Levante-EMV.

Retirada de los bomberos del Poyo

Emilio Argüeso declara que el director de la Sgise, Raúl Quilez, es quien le informa que «hay bomberos forestales en todos los barrancos» para controlar de forma presencial el incremento de los caudales. Unos efectivos que se retiraron a las 14.30 horas del 29 de octubre por decisión técnica del inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset. El bombero, contó Argüeso, no avisó a nadie de que se retiraba esa vigilancia. Argüeso dice que se enteró semanas después. 

El Es Alert «Tardío y erróneo»

La magistrada de la Dana considera «tardío y erróneo» el mensaje del Es Alert remitido a las 20.11 horas. A juicio de Salomé Pradas «no hubo retraso» en el envío del mensaje que sobresaltó a todos los habitantes de la provincia de València. Menos a la mayoría de las 228 víctimas que ya habían fallecido. La exconsellera justificó el hecho de que se enviara a las 20.11 horas del 29 de octubre en que era un sistema que «tenía carácter de pruebas hasta ese momento» por lo que había «muchas circunstancias que valorar».

«No hubo retraso -insistió-. Cuando se propuso, se hizo, aunque el trámite tardara. Nadie paró la medida y nadie esperó que nos dieran el visto bueno. Eso es falso», aseguró, negando que se retrasara por que Carlos Mazón tuviera que dar el visto bueno. 

Falta de liderazgo

La suma de ‘agujeros negros’, en conjunto, dibuja una gestión de la dana que fue reaccionando a los acontecimientos, sin una visión global que permitiera anticipar medidas, antes de que fuera demasiado tarde.

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