Mazazo a las mafias de la prostitución en la Comunitat: son más de 160 las esclavas sexuales liberadas

Un vehículo cargado de chicas demasiado jóvenes, pocas explicaciones acerca de su destino y el buen hacer y olfato de unos guardias civiles de la compañía de Calp, que sospecharon de los hombres que las llevaban tras darles el alto en Pedreguer e informaron de inmediato a sus superiores. Esa sagacidad es el origen de lo que ahora se ha convertido en una brillante operación policial contra las redes criminales de explotación sexual de mujeres, la más importante en mucho tiempo, desarrollada por agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de Aduanas en siete provincias, adelantada este miércoles en exclusiva por Levante-EMV.

Las cifras hablan por sí solas de la magnitud de la operación policial, que llevaba años gestándose, ya que el principal cabecilla, de nacionalidad colombiana y asentado en un municipio del Camp de Túria, desde donde dirigía la trama con mano de hierro, llevaba tiempo bajo la lupa policial como uno de los prebostes de la prostitución a lo largo y ancho de la costa mediterránea.

De momento, aunque ninguno de los cuerpos policiales implicados ha querido dar información oficial, se sabe que hay más de 160 esclavas sexuales liberadas, y que varias de ellas están ya bajo la figura judicial de testigo protegido, ya que sus denuncias son fundamentales para poder continuar con éxito el proceso judicial y aspirar a condenar a los proxenetas y a las mujeres que, habiendo empezado como víctimas de esa misma explotación sexual, han acabado por convertirse en las guardianas de las chicas que estaban siendo prostituidas ahora, es decir, las 'mamis' o 'madames' de los prostíbulos.

Amenazas de muerte a ellas y a sus familias

Según las fuentes a las que ha tenido acceso este diario, hay más de 40 detenidos y al menos tres investigados por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de drogas (obligaban a las chicas a vender y/o ofrecer cocaína a los puteros), coacciones y amenazas. A ello se suman cerca de medio centenar de registros domiciliarios, practicados tanto en los pisos donde las jóvenes eran obligadas a prostituirse, como en locales y bajos de sexo pagado y en viviendas donde muchas de las mujeres vivían hacinadas, bajo un estricto control de las capataces del grupo y sometidas a un rígido marco de normas.

En todos los casos, como es habitual, les quitaban la documentación nada más caer en las garras de la trama para que no pudieran huir y las obligaban a los encuentros con los puteros. Del dinero que estos pagaban, se quedaban buena parte los responsables de la red, con el argumento de que debían dinero por casi todo: el viaje desde su país (la inmensa mayoría de las mujeres procede de Colombia), gastos de comida y alojamiento, de preservativos, ropa interior... Y cuando no, se inventaban 'multas', sobre todo si detectaban la más mínima oposición por parte de las chicas: por contestar, por no hacer la cama, por no recoge... Todo ello, aderezado con amenazas directas, tanto hacia ellas como hacia sus familias, allá, en Colombia, lo que, obviamente, doblegaba por completo a las víctimas y hacía desaparecer cualquier posible resistencia.

El rastro del dinero

En la C. Valenciana, los registros y detenciones han sido realizados en València, Gandia, Alzira, Xàtiva, Xábia, Torrevieja, y en otros puntos no concretados aún, donde los agentes han intervenido importantes sumas de dinero y documentación que deberá ser analizada en los próximos meses, con la que no solo esperan acreditar el tráfico de mujeres, sino también el blanqueo de dinero, rastreando las inversiones millonarias con las ganancias de la explotación sexual de las mujeres.

Tal como ha adelantado este miércoles Levante-EMV, la operación policial, desarrollada en siete provincias -Valencia, Alicante, Castelló, Murcia, Málaga, Tarragona y Barcelona- es la culminación de una investigación realizada por Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que precisamente este año cumple diez de vida, la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional, los Equipos Mujer-Menor (Emume) de la Guardia Civil de València, Alicante y Castelló, las UCRIF de las tres provincias y agentes de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia Tributaria de varias provincias, entre ellas, València y Castelló.