"Estaba ahí abajo": lodo en la memoria, culpa del Consell

El sábado 27 de septiembre, al caer la tarde, caminé por Catarroja. En el cruce de Tribuna de les Aigües y Lluís Santàngel, mi amiga Rosa —que vive a menos de cien metros— señaló hacia las obras inconclusas de siempre y bajó la voz: «Pensar que estaba ahí abajo, durante tantos días, sin que lo supiéramos». Allí fue rescatado uno de los hermanos; el otro apareció al otro lado del barranco, ya en Massanassa. Ese punto concreto del mapa, banal hasta la víspera, ha quedado convertido en mojón de memoria. No hay consigna política capaz de atenuar el peso de una frase así, dicha con el corazón encogido y los ojos húmedos.

Aquí ya no caben excusas. La dana del 29 de octubre de 2024 no fue solo un aguacero brutal ni un accidente meteorológico inapelable: fue, además, un espejo que nos arrojó a la cara una gestión política indolente, lenta y dispersa. La provincia de València lloró al menos 229 muertos —una cifra que por sí sola desgarra y define— mientras el Consell de Carlos Mazón improvisaba, negaba y señalaba a terceros. No hablamos de percepciones: hablamos de tiempos, de responsabilidades y de decisiones que llegaron tarde.

Aquel martes, Aemet situó el nivel rojo a primera hora. La riada ya tenía nombre y destino. La Rambla del Poyo, convertida en un alud pardo, bajaba con furia de sierra y suburbio. El aviso masivo a los móviles —la herramienta más básica para ganar minutos de vida—llegó cuando la oscuridad ya era parte del miedo. Entre la luz de la mañana y la noche del susto, la administración autonómica perdió un tiempo precioso redactando, discutiendo, derivando. No es un exabrupto: hay cronologías públicas, desmentidos y contradicciones oficiales.

Lo peor es que un porcentaje significativo de las víctimas eran personas a las que el Estado del Bienestar debe un plus de vigilancia y ternura: al menos 37 dependientes conectados al servicio de teleasistencia de la Generalitat murieron en aquella jornada. La estadística hiela porque señala un ángulo ciego de la protección pública: el mensaje existió, dicen; los registros no lo reflejan, matizan; los teléfonos sonaron, aseguran. Pero los hechos permanecen, graves, en silencio.

En un desastre no hay varita mágica, pero sí hay un deber: coordinar, avisar a tiempo, hablar claro. La Generalitat era la autoridad competente para solicitar y disparar la alerta ES-Alert. Nadie más. Se hizo, sí, pero se hizo tarde; y la tardanza, en una avenida súbita, se mide en cuerpos. Nada resulta más ofensivo que el baile de culpas posteriores: los técnicos, el idioma del texto, el Comité, la hora del correo, la sala de al lado. El poder político que reclama éxitos debe cargar también con sus demoras.

Mientras tanto, el agua hizo su inventario de pérdidas con la precisión cruel de las corrientes. Entre las historias que ya pertenecen a la tristeza del país, la de los hermanos Rubén e Izan ocupa un altar de duelo: tres y cinco años. La riada los arrancó de su casa en Torrent y, como luces rendidas en el fondo del agua, los llevó por el cauce del Poyo hasta Catarroja, casi diez kilómetros río abajo. Sus cuerpos no aparecieron hasta quince días después. El padre, aferrado a un árbol durante horas, sobrevivió para contar lo indecible. Es un relato probado, público, que sigue desgarrando cada vez que vuelve a pronunciarse.

La Rambla del Poyo no es un capricho geográfico: es una herida abierta en mitad del área metropolitana, un corredor de escorrentía conocido, estudiado, temido. Los servicios técnicos de la Confederación del Júcar alertaron de caudales desbocados a mediodía. La evidencia física estaba ahí; la cadena de mando debía estarlo. El Consell, en cambio, exhibió esa atonía que en política se paga con biografías rotas.

A Carlos Mazón le faltó lo que distingue a un gobernante de un invitado a los acontecimientos: presencia y decisión. No basta con estar informado por teléfono ni con aparecer en la foto cuando la sangre y el barro ya han bajado. Entre los reproches que hoy vuelven a oírse, con cada temporal que nos visita, late una certeza amarga: en 2024 la coordinación falló y la voz de la autoridad llegó tarde a los bolsillos. No lo digo yo; lo repiten investigaciones periodísticas, cronologías oficiales, comparecencias tensas y la propia hemeroteca del Consell.

Se dirá que ningún aviso habría detenido la violencia de aquel diluvio. Es cierto que no todos los destinos pueden alterarse. Pero un ES-Alert temprano reordena rutinas, saca a tiempo a alguien del garaje, evita que otro cruce un paso subterráneo, convence a una familia de subir a la planta alta. A veces una notificación no salva el mundo: salva diez minutos. Y diez minutos son una vida.

Hoy, cuando nuevas danas vuelven a recordarnos la fragilidad de nuestras ciudades bajas, las instituciones presumen de haber aprendido la lección y de enviar a tiempo los avisos. Ojalá. Lo que no cabe es la autoindulgencia ni el olvido. Porque si la tragedia de 2024 fue, como ya se admite, la más mortífera asociada a una dana en nuestra historia reciente, la obligación moral es doble: proteger y reparar, pero también asumir los errores sin maquillaje.

A las familias de los que faltan en la mesa y en el patio de luces les debemos respeto y verdad. No hay discurso que compense. Quedan los nombres, los barrios, las fotos rescatadas del lodo. Queda el cruce diminuto de dos calles en Catarroja donde una amiga susurra que «estaba ahí abajo» y de pronto todo se detiene. Y queda, por encima de cualquier cálculo, un compromiso que no admite prórroga: que la próxima vez —porque habrá próxima vez— la política llegue antes que el agua.

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