Nou d’Octubre: el año que enfangó el autogobierno valenciano

La riada y barrancada del 29 de octubre de 2024 fue como un tsunami que arrasó vidas, infraestructuras y ciudades. Pero en otro plano, el político, ha sido más bien un terremoto: un seísmo con múltiples réplicas, algunas tan lejanas que parecen desvinculadas del temblor inicial, pero tan devastador que se ha llevado por delante no solo altos cargos del Consell, sino que también ha acelerado cambios en ámbitos como la radiotelevisión pública, y alguien podría aventurar que incluso en la patronal valenciana.

En el capítulo de consecuencias, el fracaso de la gestión de la emergencia, tanto en la prevención, como el 29-O, como en la postemergencia, abre, también, un debate sobre los límites y capacidades del autogobierno, sobre su grado de coordinación con el resto de niveles de la administración, sobre la ampliación o devolución de competencias.

De ello hablaban las consignas de hace un año: la emergencia nacional que reclamaba el líder nacional del PP en su guerra sin cuartel con Pedro Sánchez; el cabreo amasado en el barro y el poso de abandono institucional que quedó cuando las aguas regresaron a sus cauces; la pujanza demoscópica de partidos con un relato recentralizador.

¿Competencias o incompetencia?

Un alto cargo del Gobierno señalaba tiempo después de la dana que no fue un problema de “competencias” sino de “incompetencia”. La autonomía tiene mecanismos y protocolos para gestionar una catástrofe; otra cosa es la capacidad de quienes están al frente, venía a decir.

A la incompetencia, y a las competencias, a ambas, se refiere Andrés Boix, profesor de Derecho de la Universitat de València. A su juicio, falta ambición en el despliegue estatutario. “La dana ha visualizado tendencias que ya estaban. La primera, que la Comunitat Valenciana es una autonomía que no quiere molestar porque si lo haces eres casi independentista. Resultado: en otras comunidades hay agencia meteorológica propia, y aquí, no. Tendrías una densidad de receptores de información más amplia y anclada al territorio. Aemet no está pensada para dar un servicio de proximidad. Aemet y los medios dependen hoy de una red que es privada [Avamet]. La sociedad civil hace lo que no hace la administración”.

Boix, especialista en Derecho Administrativo, cita otro ejemplo de infradesarrollo competencial: la gestión de los barrancos. “Desde el Estatut de 1982, la gestión de las cuencas internas, y el Poyo es intrautonómico, dice que eso es competencia autonómica y no se ha querido asumir nunca. Resultado: ¿quién los gestiona? La CHJ, que es estatal y por sus dimensiones y preocupaciones está a otras cosas, como ha quedado demostrado”.

En su opinión, un problema de fondo que emana de esta falta de recursos que la Constitución ampara es una especie de carencia de conciencia de autogobierno. “La tendencia natural del español medio, y el valenciano es un español medio, es a no creerse que las autonomías tienen capacidad de gestión y menos aún cuando hay algo grave. En esa situación, el chip es que solo lo puede resolver el Estado desde lejos y si puede ser, militarmente”, lamenta.

Llegamos así al ‘dilema UME’: la unidad militar creada por el Gobierno de Zapatero para reforzar la respuesta autonómica a situaciones críticas. Las Fuerzas Armadas son una de las pocas instituciones que todavía generan amplios consensos. Boix ofrece otra mirada: “Los 400 millones que se dedicaron a montar la UME y los presupuestos anuales son millones que no van a los servicios de emergencia y protección civil de las comunidades, que es donde deberían estar, porque son los que hacen la gestión habitual. Es una asignación de recursos ineficiente. Pasan mucho tiempo sin trabajar. Esos recursos deberían fortalecer la protección civil, los bomberos y los medios ante emergencias de ayuntamientos y comunidades, y si en un momento dado hay una emergencia nacional, se refuerza de unas comunidades a otras, como se hace en otros países”.

En esa idea, la de una autonomía a la que le faltan motores, coincide Joan Romero, catedrático emérito de Geografía Humana de la UV. “El modelo de Estado autonómico está pensado para gobernar lo ordinario. Cuando el sistema se tensiona de manera extraordinaria, evidencia todas sus costuras, como si no estuviera suficientemente preparado, coordinado, para situaciones de esta complicidad”, apunta.

Coordinarse en medio de la polarización

Esa descoordinación es una de las grandes debilidades del sistema que ha aflorado la dana: “El contexto político, la creciente separación radical en bloques que ha alcanzado niveles extraordinarios, dificulta aún más la posibilidad de superar esas costuras que el Estado autonómico presenta. La gestión ha demostrado esta descoordinación entre las partes del estado”.

Romero cita lo que él llama “patologías institucionales”, llamativas en un estado compuesto, como que Pedro Sánchez y Carlos Mazón no se hayan reunido todavía un año después; o la ausencia de una única comisión de gestión de la catástrofe. De alguna manera, habría primado la lógica partidista del conflicto frente a la lógica institucional de la cooperación. Con todo el país observando, lamenta, “el Estado autonómico ha perdido una grandísima oportunidad para fortalecerse como estado compuesto”.

¿Centralización o federalización?

Vicente Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València, incide en la idea de la descoordinación. “Ha habido cooperación pero no de forma coordinada. Desde el minuto uno se debió crear una comisión con todas las administraciones. Y tenía que haber coordinado el Estado. ¿Esto merma la autonomía de la C. Valenciana? No. En una catástrofe debemos estar todos a una y olvidarnos de quien manda”, señala.

Garrido apunta a un responsable de esa descoordinación: “Se podría haber hecho si se hubiera declarado la emergencia nacional, que es lo que procedía. Hay una ley del Estado 17/2015 [Protección Civil] que establece unas previsiones. ¿Debió imponerlo el Estado? A mi juicio, sí. Lo tenía que haber pedido la Generalitat y si no, el Estado declararlo. Fallaron los dos. Uno, porque quizá no querían que le mermaran su capacidad de autogobierno; y otro, porque prefirió que se responsabilizara la comunidad autónoma”.

Manuel Alcaraz, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, frente a los cantos de concentración competencial sugiere el camino inverso. “Recentralizar siempre es un error. Si algo demostró lo bien, pese a los problemas, que puede funcionar el Estado autonómico fue la pandemia. La gente sabía donde tenía que acudir. La Comunitat Valenciana lo hizo muy bien. Lo que sí que hay que debatir es ir a un modelo federal más claro, donde las comunidades sepan exactamente lo que tienen que hacer. Retornar competencias alejaría los problemas, y estos se resuelven mejor desde la proximidad. Hay que replantearse la cuestión. El modelo federal no es ni más ni menos centralista, es una manera distinta de articular las partes del Estado. Este Consell no ha mostrado ningún interés. El primer Botànic hizo un documento de reforma constitucional donde aludíamos a cómo entendíamos que podía ser esa federalización”, recuerda.

Sin agenda ni poder valenciano

Otra herida que ha reabierto esta crisis es el ancestral lamento en torno a la falta de influencia de una agenda valenciana y de un poder valenciano que la defienda en Madrid. Entre palada y palada de barro, muchos han recordado estos meses la figura de Martí Domínguez, el director de Las Provincias que tuvo que dimitir tras otra ‘riuà’, la del 1957, presionado por el Régimen tras criticar el olvido ancestral hacia una tierra próspera que nunca encontró apoyo: ‘Valencia, la gran silenciada’, proclamó en las Fallas de 1958. No era nuevo. Tiempo atrás, en la Exposición Regional de 1909, Tomás Trénor había bautizado a Valencia como la ‘cenicienta de España’. Una tierra, la valenciana, que da a España mucho más de lo que recibe.

Ese lamento es ‘antic i molt llarg’ y ha tenido eco estos meses. Vicente Garrido pone como ejemplo las obras hidráulicas pendientes desde el inicio del siglo XXI, que podrían haber atenuado el impacto de la barrancada. “¿Por qué no se ha hecho? Por dejadez del ministerio y de la Generalitat”, lamenta el expresidente del Consell Jurídic Consultiu.

Llegados a este punto, surge la incómoda pregunta de si el Gobierno de España hubiera podido permitirse esta nula comunicación frente a un autogobierno fuerte e influyente como el vasco o el catalán, aun con partidos en el poder diferentes al suyo. La politóloga y abogada Susi Boix opina: “Es una anomalía democrática que un presidente del Gobierno y autonómico no se reúnan, o que el presidente del Gobierno venga a cualquier acto y no se le invite. Esta situación no ayuda a normalizar y a que la sociedad tenga esa sensación de protección de la administración pública”.

Y añade: “El poder valenciano no traspasa la frontera de la C. Valenciana. Y lo vemos hoy con las gestiones en otros territorios: las transferencias de competencias al Gobierno vasco en materia de costas, el pacto de la inmigración que se aborda en Cataluña. Se traduce en una falta de poder para llevar en la agenda estatal cuestiones autonómicas. Hay cosas que no se han resuelto ni coincidiendo el mismo partido en los dos gobiernos”. Una comunidad que no cree en sí misma, sin un proyecto compartido potente, en definitiva, difícilmente puede sentarse a negociar con fortaleza.

La herida social

Antes que eso, el objetivo inmediato debería ser escapar del 'atzucac' enfangado de la dana. ¿Qué consecuencias puede tener el recuerdo de esta crisis, que es generacional, en el prestigio de las instituciones? Alcaraz circunscribe la ‘hipoteca’ a la figura de Carlos Mazón. “Es como si en la batalla más importante de una guerra el general no se presenta. Eso pasó el día de la dana. El Ejército sale derrotado. La cuestión es el alcance de esa derrota. Ese general debería haber sido destituido, pero los mecanismos estatutarios y la falta de voluntad del PP lo han impedido, con lo que seguimos arrastrando la derrota, un pueblo cargado de sombra. Falló el general en el momento clave. Ya no puede ganar más batallas, quizá alguna escaramuza: puede obtener dinero para arreglar carreteras, pero la sensación de frustración no se recuperará nunca. Es lo que se llama una ausencia de legitimidad de ejercicio. Sigue siendo president, pero cuando no se presenta a la batalla no se nos puede pedir que creamos que va a estar si hay otra batalla. El descrédito es total”.

Ciertamente, en términos de opinión pública, el autogobierno valenciano ha salido mal parado de la crisis de hace casi un año. El drama de los primeros días, con el barro hasta las rodillas y ausencia total de efectivos y maquinaria más allá de la infantería de voluntarios, ha erosionado la confianza ciudadana. Su expresión máxima fueron los días en que la furia se giró contra los representantes públicos, como en Paiporta, en la visita de los Reyes; o en la vandalización del Palau de la Generalitat, símbolo del autogobierno de los valencianos, en la primera gran manifestación contra la gestión de la dana.

Pese a la reconstrucción, ese abandono parece haber dejado poso. Según la encuesta de Lápiz Estratégico Consulting para este diario, el 82 % pide la dimisión del president. El inquilino del Palau se ha instalado en la anomalía del reproche público que le ha llevado a limitar durante meses su agenda. “La sensación de abandono se ha mitigado, pero no ha desaparecido”, constata Romero.

‘Solo el pueblo salva al pueblo’, clamaban las calles de la dana aquellos días. Tony Judt escribió que la cuestión social, si no se aborda, no desaparece, sino que se va en busca de respuestas más extremas. La dana, valora el geógrafo, ha sido una especie de catalizador: “Ha aumentado más las fuentes de malestar profundas que existen en nuestras sociedades tras tres décadas de globalización. Amplios sectores abrazan alternativas populistas. Es común. Lo que ocurre es que si añades situaciones extremas como una catástrofe con 230 fallecidos y que arrasa el sistema productivo, el nivel de malestar sube mucho y cabe la tentación de abrazar este tipo de opciones. Hasta el punto, y habrá que verlo en mayo de 2027, de que si el malestar no tiene respuesta de los poderes públicos se pueda traducir en un aumento del apoyo a opciones más radicales por el lado de las derechas”.

La respuesta extrema

En la zona cero de la dana se están articulando candidaturas municipalistas al margen de los partidos tradicionales, pero el temor va por otro lado. Susi Boix pone el foco de atención en esas soluciones extremas que han encontrado en la rabia su caldo de cultivo. “Tras la catástrofe han salido muchas voces que han aprovechado para cuestionar si las autonomías tienen los instrumentos suficientes. Es un uso partidista en una situación que no debe cuestionar el sistema de competencias sino reforzar las competencias autonómicas. La administración autonómica es más próxima, ágil y efectiva. Se ha visto con las ayudas”, señala la jurista, que advierte que, como entidad política, estos discursos debilitan a la C. Valenciana ante retos territoriales, en cuestiones de financiación o deuda.

Más aún, alerta del riesgo no solo para la noción de autogobierno, sino para el sistema institucional en su conjunto. “Esa frustración puede enfocarse a un fallo de sistema de la administración en su conjunto, no solo autonómica. Una cuestión es discutir si las competencias autonómicas son suficientes o no; si podemos introducir nuevas agencias autonómicas..., eso entraría dentro del marco constitucional. Pero el problema es que el discurso social fuera contra del sistema en sí, que no está preparado para afrontar una catástrofe. Eso en otros países (y el nuestro puede correr ese riesgo) es una crisis en el sistema político. Se abre una brecha y por ella entran esos discursos cada vez más extremistas y polarizantes”, advierte Susi Boix.

En este punto, Vicente Garrido lamenta que la crítica se haya centrado casi exclusivamente en el ámbito de gestión autonómica: “Esto merma la credibilidad. Me da rabia porque soy autonomista y se dispara contra las comunidades. Se ha visualizado mucho que el mayor responsable era la autonomía. Nadie dice ‘¿dónde estaba el señor Polo?’ [presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar] pero sí ‘¿dónde estaba Mazón?’. Afecta al autogobierno y quienes no son muy autonomistas aprovechan la situación para disparar”, concluye. Un año después de la mayor crisis valenciana en democracia, el autogobierno aún trata de quitarse el barro de encima.

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