La Generalitat suspende de empleo y sueldo a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción de Alicante

La polémica por la adjudicación de la promoción de viviendas protegidas salta a la administración autonómica. La Generalitat Valenciana ha abierto un expediente disciplinario a un funcionario tras descubrir que supuestamente validó el visado de una vivienda de protección pública solicitada por su propia esposa, arquitecta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, correspondiente a la polémica promoción de Les Naus, ubicada en la zona de la Condomina de Alicante. La Conselleria de Vivienda ha decidido suspender cautelarmente de empleo y sueldo al técnico y ha anunciado que trasladará toda la información recabada a la Fiscalía para que investigue la situación y adopte las medidas pertinentes.

Este caso es un capítulo más dentro de la crisis generada en torno a la asignación de las viviendas en Les Naus, después de que la revelación de este diario llevase a que dimitieran tanto la directora general María Pérez-Hickman como la concejala de Urbanismo Rocío Gómez.

La Conselleria de Vivienda recordó este lunes que el pasado viernes, ante las informaciones publicadas, la Secretaría Autonómica de Vivienda solicitó a la Dirección Territorial un informe exhaustivo sobre todos los expedientes de visado de la promoción. Este informe debía detallar el procedimiento seguido, las personas intervinientes y la documentación acreditativa, con el objetivo de verificar que todo el proceso se ajustara a la legislación vigente y que la información proporcionada por los solicitantes fuera correcta. En este contexto, la Dirección Territorial detectó irregularidades graves por parte de uno de sus técnicos.

Investigación al funcionario

En la investigación, la Dirección Territorial identificó la supuesta comisión de varias faltas muy graves por parte de un técnico funcionario. Una decisión basada en el informe emitido por la propia Dirección Territorial, en el que se especifica que dicho funcionario revisó, tramitó y acreditó para su firma un expediente, estableciendo como revisión favorable todos los requisitos del mismo.

Posteriormente, y tras una segunda verificación solicitada por la Secretaría Autonómica, se descubrió que el funcionario es cónyuge de la solicitante, arquitecta en Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, y, en la tramitación del expediente, omitió información relevante sobre la unidad de convivencia a la que pertenecía. Esta omisión afectaba directamente a la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudieran disponer y que debían sumarse para la evaluación de la elegibilidad para la vivienda.

La conselleria, al tener conocimiento de dicha situación, ha abierto expediente disciplinario, con suspensión cautelar de empleo y sueldo a dicho funcionario público. La conselleria calificó esta actuación como un posible "uso indebido de la posición del funcionario en beneficio propio", un hecho que contradice los protocolos administrativos establecidos y pone en riesgo la confianza ciudadana en la gestión pública.

La conselleria acudirá a la Fiscalía

Con toda esta información, la Conselleria de Vivienda, que lidera la vicepresidenta Susana Camarero, trasladará la información a Fiscalía, a efectos de que investigue la situación y adopte las medidas oportunas. "No existen ambigüedades cuando se trata de proteger el interés general y de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", indicaron desde la conselleria.

En un comunicado, la Conselleria de Vivienda señaló que "en ningún caso existe participación alguna de cargos políticos en la emisión de los visados ni en las decisiones adoptadas". Además, anunció que se "reforzarán los mecanismos de control", incluyendo una nueva fórmula, la implementación de una mesa de verificación que supervisará los procedimientos de visado en todas las direcciones territoriales.

Estas medidas se suman, según añadieron, a las ya establecidas en el Decreto 180/2024, con el objetivo de evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en la adjudicación de viviendas protegidas. Según la Generalitat, hechos como los que se han producido "son plenamente inadmisibles y no tienen cabida en una gestión pública responsable".

El martes, día clave en el Ayuntamiento

El pasado martes, en el Ayuntamiento se tuvo constancia de un informe del área Patrimonio, cuyas conclusiones serían demoledoras, respecto a las posibles conexiones de personas vinculadas con el Ayuntamiento con la promoción de vivienda pública situada en el ojo del huracán, por las polémicas adjudicaciones de unos pisos protegidos.

En ese documento, del que ha tenido conocimiento este diario, se haría alusión a funcionarios municipales, además de cargos cuya identidad ya ha trascendido, como la directora general María Pérez-Hickman y la concejala Rocío Gómez, ambas ya dimitidas. El documento recogía que ninguno de los señalados se había abstenido durante la tramitación. Ante la dureza del informe de Patrimonio, el alcalde, como ya adelantó este diario, pidió la apertura de un expediente de revelación de hechos, del que todavía no se ha conocido su alcance.

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