La Sindicatura de Comptes alertó sobre "deficiencias" en el control de la vivienda pública

Justo unos días antes de que estallara la polémica sobre las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante, la Sindicatura de Comptes publicaba su "auditoría operativa sobre la vivienda de protección y promoción pública". El extenso informe fiscaliza la promoción y gestión de estos inmuebles en la Comunidad Valenciana con referencia a los ejercicios 2023 y 2024, y proyección de actuaciones hasta el año 2026. Una de las conclusiones recogidas en el documento sostiene que, pese a que "se ha confirmado la existencia de normativa extensa para regular el Registro de demandantes de vivienda y el parque público autonómico, gestionados por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, aunque persisten deficiencias en el control interno, la actualización de datos y la consistencia de las cifras.

En concreto, el Objetivo 5 del plan de control tenía como misión "Verificar la transparencia y publicidad de la información de los registros de solicitantes y de vivienda" Así, la auditoría da de pleno contra todo lo que en estos días está publicando INFORMACIÓN. En primer lugar, subraya que "la Conselleria ha publicado información sobre los registros, pero esta resulta insuficiente y poco accesible". Además, se determina que "no existe un inventario público actualizado del parque de vivienda de protección pública que permita conocer con precisión su composición, disponibilidad y evolución".

Otra de las conclusiones es que la administración autonómica no ofrece información transparente sobre el tiempo medio de tramitación desde la inscripción en el Registro de demandantes hasta la resolución de adjudicación, a pesar de que este constituye un indicador clave de la eficacia administrativa. Para la Sindicatura de Comptes, "estas carencias reducen la transparencia y dificultan tanto el control social como la rendición de cuentas de la política pública de vivienda, lo que representa un riesgo significativo identificado en la gestión autonómica del sistema de vivienda protegida".

Cambios a realizar

En lo que a este aspecto se refiere, el documento recomienda poner en marcha tres medidas. En primer lugar, "publicar un inventario actualizado del parque público de viviendas, accesible en formato abierto y con información suficiente sobre tipología, localización y disponibilidad". También le propone informar periódicamente sobre los tiempos medios de tramitación de las solicitudes y adjudicaciones, identificando las situaciones en las que se producen retrasos en la tramitación y adoptando medidas para reducirlos.

Por último, sostiene que es necesario incrementar la accesibilidad de la información pública en materia de vivienda, adaptándola al portal de transparencia y a los sistemas de datos abiertos de la Generalitat.

La auditoria reconoce que, aunque la Conselleria cuenta con los instrumentos que exige la ley de Transparencia como son el inventario de bienes inmuebles que integran el parque público de viviendas de protección pública como el Registro de demandantes, ambos no están publicados ni son accesibles a la ciudadanía. El organismo de control indica que el portal InfoHabitatge ofrece información orientativa sobre los pasos a seguir para inscribirse en el registro, pero "no se facilita acceso al propio registro ni a datos estadísticos derivados de este. La información disponible se limita a un uso interno por parte de la Administración, lo que constituye un incumplimiento de la normativa de transparencia" y restringue el "derecho de la ciudadanía a conocer la composición y estado del parque público de viviendas, así como la evolución y características de la demanda registrada.

No obstante, y como nota, la Sindicatura de Comptes refleja que este déficit no se produce exclusivamente en la Comunidad Valenciana, ya que informes reiterados del Defensor del Pueblo han constatado que la ausencia de publicación de estos registros e inventarios es una carencia generalizada en la mayoría de las autonomías, pese a estar claramente regulada en la normativa de transparencia.

Como ha publicado INFORMACIÓN, la Generalitat Valenciana ha suspendido a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer. Asimismo, este martes, la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha abierto la puerta este martes a que cada promoción privada de vivienda protegida cuente con su propio registro público y transparente de demandantes, tras la polémica por la última promoción de inmuebles protegidos en Alicante, que, tal y como destapó INFORMACIÓN, ha sido adjudicada a la concejala de Urbanismo y a personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante y a la administración autonómica.

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