El Ministerio de Educación reducirá las ratios escolares hasta 22 alumnos por aula en Primaria y 25 en la ESO

El nuevo anteproyecto de Ley estatal que baja las ratios y fija un tope legal a la jornada lectiva establece un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales). Son algunas de las novedades que ha presentado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en la Conferencia Sectorial presencial celebrada en la sede del Ministerio. En este sentido, la ministra ha señalado que, en la práctica, muchas comunidades ya se sitúan en esos márgenes, por lo que el anteproyecto “no introduce un modelo ajeno a la realidad autonómica, sino que consolida una referencia común ya ampliamente aplicada”.

La bajada de ratios era una de las reivindicaciones de los sindicatos, también aquí, en la Comunitat Valenciana. Desde el STEPV, el sindicato mayoritario en el sector, celebran la propuesta, aunque recuerdan que su petición era reducir las ratios a 20 alumnos por aula. Sobre esta medida, la ministra ha destacado que favorece tanto la atención al alumnado como su integración. “Menos estudiantes en el aula junto con una disminución del tiempo de docencia directa reduce los niveles estrés, ansiedad y malestar de los docentes”, ha añadido. El anteproyecto, cuya aplicación será progresiva hasta el curso 2031/2032, contempla fórmulas flexibles, como la codocencia o los apoyos en aula, que no exigen necesariamente desdobles estructurales, ha matizado la ministra. El texto, destacan desde el Ministerio, es fruto de la iniciativa del Gobierno, pero también de las recomendaciones del Consejo Escolar.

La Generalitat pide al Estado que pague los 780 millones que costaría

La Generalitat ha salido del encuentro razonablemente satisfecha. Al menos, convencida de la bondad de la valora positivamente la reducción de ratios de alumnado por aula que contempla el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno en la Conferencia Sectorial de Educación, aunque reclama al Ejecutivo central una financiación suficiente para poder aplicar estas medidas. En concreto, reclama 779,9 millones de euros, que es lo que calcula que costaría, en cinco años, tomar las medidas de adaptación que se exigen - contratar profesores, sobre todo, y adecuar instalaciones". La consellera Carmen Ortí ha reclamado que ese coste lo financie el Estado, pues lo ve una inversión “totalmente inasumible sin financiación del Gobierno central”.

En este sentido, la consellera ha subrayado que, si estas medidas se convierten en normativa básica estatal, “deberán ir acompañadas de la correspondiente financiación para garantizar la prestación del servicio público educativo”, ya que el anteproyecto actualmente no incorpora memoria económica.

La reducción de la carga lectiva

El documento también contempla un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en el resto de las enseñanzas. Aun así, recoge que, con carácter excepcional, cuando la distribución horaria del departamento de coordinación didáctica lo requiera, las horas lectivas impartidas podrán superar el número establecido con carácter general, pudiendo alcanzar las veinte horas. Pero, en estos casos, la parte del horario que exceda de las dieciocho horas se compensará a razón de dos horas complementarias por cada periodo lectivo que las supere.

Era una de las reivindicaciones de los sindicatos de la educación pública, que este jueves mismo lo planteaban en la reunión con la Conselleria sobre la Orden de Plantillas a la que sí fueron CSIF y ANPE y no acudieron STEPV, CCOO y UGT. Desde Conselleria recuerdan que algunas de las propuestas planteadas por el Ministerio ya están implantadas en la Comunitat Valenciana y recogidas en el Decreto 58/2021 del Consell, como la jornada lectiva del profesorado. Desde el curso 2021-2022, el profesorado de secundaria imparte 18 horas lectivas semanales, mientras que el personal docente del cuerpo de maestros tiene una jornada de 23 horas. Aunque los sindicatos agrupados en la plataforma reivindicativa de mejoras de las condiciones laborales del profesorado lamentaban que a veces esas 18 horas acaban siendo más. De modo que, por ejemplo desde el STEPV celebran la apuesta del Ministerio, aunque sobre el papel ya existía en la Comunitat.

Por su parte, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Comunitat Valenciana (FSIE-CV), sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, había solicitado a la Conselleria, que defendiera en la Conferencia Sectorial de Educación la aplicación de la reducción de la carga lectiva también al profesorado de la enseñanza concertada. Desde la federación sindical reclamaban que se garantice "que no se consolide una doble red educativa con condiciones laborales distintas dentro del mismo servicio público". “El profesorado de la enseñanza concertada forma parte del servicio público educativo, pero no cuenta con las mismas condiciones de trabajo. Imparte el mismo currículo, asume las mismas responsabilidades y, sin embargo, mantiene una mayor carga lectiva”, señalan desde la organización sindical.

Financiación de libros de texto

Otro de los asuntos que la ministra ha presentado a las comunidades autónomas es la propuesta sobre los criterios de distribución y el reparto del crédito del Programa de Cooperación Territorial de ayudas para la financiación de libros de texto y material didáctico en 2026, con una dotación total de 58,5 millones de euros -en 2018, ascendió a 48,5 millones-. Las ayudas, dirigidas al alumnado matriculado en educación Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior en centros sostenidos con fondos públicos -cuya aprobación está prevista para el próximo Consejo de Ministros-, podrán destinarse a la adquisición de libros de texto y materiales didácticos en cualquier soporte, incluido el digital.

Auxilares de Conversación

Durante la reunión, la consellera también ha trasladado al Ministerio la preocupación de la Generalitat por la situación del programa de auxiliares de conversación en lengua extranjera.  Ortí ha denunciado de que la descoordinación entre los ministerios de Educación y Trabajo está generando un escenario de inseguridad jurídica que pone en riesgo la continuidad del programa. 

En este sentido, ha recordado que la Generalitat financia actualmente cerca de 1.400 auxiliares de conversación, sin que en los acuerdos firmados con el Ministerio esté contemplado el pago de cuotas a la Seguridad Social, por lo que ha reclamado al Gobierno de España que clarifique las condiciones del programa para garantizar su viabilidad y evitar perjuicios al alumnado.

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