Radiografía de la violencia machista en los juzgados: mayor presión, delitos más graves y recursos al límite

Cifras que apenas bajan y un horror que no cesa, con delitos cada vez más graves. Ese es el panorama al que se enfrentan los juzgados especializados en la lucha contra la violencia de género, que han asumido nuevas competencias sin un refuerzo proporcional de medios.

Cinco nuevos juzgados de Violencia sobre la Mujer se pusieron en marcha en la Comunidad Valenciana a finales del pasado año, pero en estos dos primeros meses de 2026 todavía persisten problemas para completar sus plantillas. Tras los cinco crímenes machistas registrados en estas tres provincias el año pasado, este 2026 ha arrancado de forma trágica: el asesinato a puñaladas de una enfermera en Benicàssim el 16 de febrero y el doble crimen de una mujer y su hija de doce años, en ambos casos presuntamente a manos de sus exparejas.

Sobre el papel, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran incluso un ligero descenso en el número de denuncias. Entre julio y septiembre del pasado año, último periodo del que hay datos, se contabilizaron 7.302 denuncias, un 4% menos que en el mismo trimestre de 2024, y 6.845 víctimas, con una tasa de 25,3 por cada 10.000 mujeres. A pesar de la bajada, se trata de la segunda más alta del país, solo por detrás de Baleares y muy por encima de la media nacional (19,8).

En ese mismo periodo, los órganos judiciales valencianos dictaron 1.998 sentencias, de las que el 86% fueron condenatorias. Además, se solicitaron 1.539 órdenes de protección y se acordaron 1.213, el 78,8% del total.

El volumen acumulado confirma la magnitud del fenómeno. El sistema VioGén mantiene 16.986 casos activos en la Comunidad, con 243 en riesgo alto o extremo y 1.171 catalogados como de especial relevancia. Otros 1.171 afectan a menores en situación de riesgo.

“Maldad extrema”

En el plano penal, el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro, miembro del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, advierte de un cambio cualitativo en los asuntos que llegan al alto tribunal. Entre un 20% y un 25% de los casos que examina la Sala guardan ya relación con violencia de género o agresiones sexuales.

Magro observa un aumento de agresiones sexuales cometidas por exparejas, conductas que atribuye a “una lógica de dominación y a la creencia de mantener un derecho sobre la mujer tras la ruptura”. También detecta más procedimientos por acoso persistente (stalking) y episodios vinculados a celos, que "no actúan como atenuante, sino como agravante", subraya.

El magistrado considera igualmente preocupante que condenas ejemplarizantes como la del caso de La Manada no hayan tenido el efecto disuasorio esperado sobre las agresiones sexuales en grupo.

Especial inquietud le genera la violencia vicaria. “Desde 2013, 65 menores han sido asesinados en crímenes relacionados con la violencia machista, perpetrados para infligir el mayor daño posible a la madre”, recuerda. En estos supuestos, el Supremo aplica el criterio de la prisión permanente revisable cuando el padre mata al hijo con esa finalidad. No obstante, existen casos en los que el agresor se suicida tras cometer el crimen, lo que impide la respuesta penal.

Magro habla de la existencia de un componente de “maldad extrema” en determinados asesinatos: “El daño ya no se limita a la pareja o a los hijos, sino que se extiende a las nuevas parejas o al entorno familiar de la víctima”. A su juicio, hay supuestos en los que la legislación actual no permite agravar la pena en la medida que exigiría la gravedad del hecho, y confía en que la futura Ley de Violencia Vicaria pueda corregir esa situación.

Más competencias, investigaciones más complejas

Desde octubre de 2025, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han asumido también todos los delitos sexuales, exista o no relación de pareja entre agresor y víctima. Esta ampliación obligó a crear nuevas plazas judiciales, aunque el refuerzo no siempre ha ido acompañado de medios suficientes.

El Ministerio de Justicia impulsó cinco nuevas secciones especializadas en Alicante, Benidorm, Llíria, Vila-real y Castellón. El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Carlos Cerón, señala que el impacto estadístico todavía no es apreciable, aunque ya se registra un goteo constante de denuncias por agresiones sexuales y se han incoado dos procedimientos por presunta trata de seres humanos en Alicante.

Cerón explica que estos asuntos requieren una dinámica investigadora distinta, con posibles intervenciones telefónicas y diligencias urgentes, frente a los casos tradicionales de maltrato en los que el agresor está identificado y la prueba pivota sobre la declaración de la víctima, los partes médicos y los informes de valoración del riesgo.

Desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y los órganos gubernativos de los distintos partidos judiciales se sigue de cerca la evolución de la carga de trabajo para reclamar los refuerzos necesarios.

En el lado positivo, la creación del cuarto juzgado de Violencia sobre la Mujer en Alicante ha permitido implantar guardias especializadas los siete días de la semana, entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche.

Déficits estructurales

Frente a la visión institucional, operadores jurídicos y sindicatos alertan de carencias estructurales. La abogada especializada en violencia de género Fanny Serrano sostiene que la ampliación competencial no ha ido acompañada del refuerzo necesario y denuncia esperas prolongadas, falta de espacios adecuados y situaciones en las que las víctimas pueden coincidir con sus agresores.

A su juicio, esas esperas pueden afectar incluso a la correcta valoración del riesgo si la víctima llega exhausta a declarar tras horas en el juzgado. “La víctima sale con la sensación de que se ha tenido que defender ella, en lugar de sentirse protegida por el Estado”, asegura. Serrano propone que la declaración se practique una única vez y quede grabada con validez probatoria para evitar comparecencias reiteradas.

Desde UGT se advierte asimismo de problemas de personal en los nuevos juzgados. En Alicante, según el sindicato, las guardias se cubrieron inicialmente con funcionarios de otros órganos y posteriormente con interinos, lo que, a su juicio, compromete la especialización que requieren estos órganos. En Benidorm, añaden, el nuevo juez carece de despacho propio y comparte espacio con los funcionarios; a lo que se une la polémica porque estas nuevas plazas se han creado sin la correspondiente dotación de Letrados de la Administración de Justicia.

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