Más tiempo de teletrabajo y para más funcionarios: las exigencias sindicales para la nueva normativa

Generalitat Valenciana y sindicatos afrontan la negociación para revisar la norma del teletrabajo para los funcionarios. Las organizaciones sindicales ya han remitido a la Dirección General de Función Pública, que encabeza Vicente Serra, sus exigencias para abrir las conversaciones en la reunión que tendrá lugar el próximo 16 de abril. Entre ellas, reclaman que se expanda esta modalidad de trabajo a distancia en toda la administración valenciana, tanto en número de días como en el acceso de más empleados públicos.

Los diferentes documentos remitidos a la dirección general enmarcada en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública consideran imprescindible elaborar un nuevo decreto que sustituya al actual. UGT entiende que ha demostrado ser “poco flexible y estanco” en su aplicación práctica y propone la creación de programas de teletrabajo “más flexibles” y, especialmente, abiertos a la incorporación de nuevos trabajadores y puestos durante toda su vigencia, evitando así las limitaciones actuales que restringen el acceso una vez cerrado el plazo inicial de adscripción. Actualmente, los empleados públicos solo pueden solicitar el teletrabajo en un plazo de 15 días, lo que en la prohíbe el acceso más allá de este periodo.

El sindicato exige ampliación de los puestos de trabajo susceptibles de desempeñarse a distancia, así como la extensión del tiempo durante el que se puede prestar servicio en esta modalidad, con el objetivo de incrementar los días de teletrabajo disponibles para los empleados públicos, y plantea ampliar las situaciones en las que se puede autorizar el teletrabajo. En concreto, propone incluir supuestos vinculados a la conciliación familiar y personal o a episodios de alertas meteorológicas adversas, incluso cuando no alcancen el nivel de alerta roja, lo que permitiría generalizar su uso en más contextos.

Además, el sindicato reclama simplificar de forma significativa los procedimientos administrativos para aprobar los programas de teletrabajo, al considerar que el sistema actual, donde el impulso político de las subsecretarias de cada conselleria es esencial, resulta “excesivamente farragoso” y desincentiva su implantación en los distintos departamentos.

En ese aspecto incide también CSIF, que denuncia la “escasa aplicación” del teletrabajo en la Administración autonómica pese a los casi cinco años de vigencia del decreto actual y reclama que su implantación deje de depender del criterio discrecional de cada conselleria. En este sentido, defiende que el teletrabajo se consolide como un derecho efectivo del personal empleado público y no sujeto a decisiones desiguales entre departamentos.

La organización sindical exige más agilidad para la reforma de los programas de teletrabajo de cada área y, como UGT, solicita que los trabajadores que se incorporen a un departamento con un programa ya en marcha puedan solicitar su inclusión en cualquier momento durante su vigencia. Además de que los nuevos puestos que se creen y sean susceptibles de desempeñarse a distancia puedan integrarse automáticamente en estos programas.

El sindicato también propone extender el uso del teletrabajo a nuevas situaciones, como aquellos casos en los que una dolencia impida el desplazamiento al puesto físico pero no el desempeño de las funciones, tomando como referencia experiencias recientes como la Dana, cuando se permitió el trabajo remoto ante la imposibilidad de acudir presencialmente.

El sindicato CCOO plantea, por su parte, la necesidad de reforzar la equidad en el teletrabajo, defendiendo “la fijación de los mismos objetivos en teletrabajo que en presencial”, un mayor control en “prevención y salud laboral” y la incorporación continua a los programas de teletrabajo, de modo que los empleados no tengan que esperar a su renovación anual. En concreto, plantea permitir el acceso “tras un periodo de unos 3 meses de incorporación al puesto de trabajo”, eliminando así las actuales restricciones temporales. Asimismo, exige definir con claridad los “criterios de los puestos susceptibles de teletrabajo, tareas y criterios de evaluación”, así como incluir regulación para “situaciones de emergencia”, y propone “acompañar con medidas de teletrabajo a medidas de conciliación”, subrayando que estas no deben sustituirse entre sí, sino complementarse.

El Gobierno del Botánic aprobó la normativa en 2021, una vez superado el shock de la pandemia del Covid y con Gabriela Bravo al frente de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. Se trataba de un marco general de teletrabajo para los diferentes entes de la administración valenciana que se ha ido desplegando en los últimos años. Sin embargo, no de la manera más eficaz y satisfactoria para los trabajadores públicos. La Conselleria que ahora dirige José Antonio Rovira está dispuesta a hablar de modificaciones, sobre todo después de que el Gobierno de Carlos Mazón adquiriera este compromiso en el pacto de legislatura de 2024 entre el Consell y los sindicatos.