Mazón y su núcleo duro, ante otro frente judicial por la guerra mediática contra el Gobierno

El recorrido de la investigación sobre la dana está brindando días agridulces al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Eximido de cualquier responsabilidad por el momento en la causa que investiga la catástrofe gracias al auto del TSJ que denegó su imputación, el exmandatario y todavía diputado del PP en Les Corts Valencianes ve cómo se abre otro frente judicial que puede afectar a su entorno más próximo o incluso a su propia figura. Un frente vinculado a la dana pero derivado de la actuación del Consell en los meses posteriores a la tragedia que se cobró la vida de 230 personas.

Entonces, en los albores de la investigación judicial abierta en el juzgado de Catarroja, se libró una cruenta guerra, muy poco velada, entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana por controlar el relato de lo sucedido. La imagen ante la ciudadanía estaba en juego y el reparto de culpas centró el debate político con la sociedad todavía traumatizada y todo aún por reconstruir. El 12 de febrero de 2024, alguien filtró a los medios más próximos al Palau una llamada entre una operadora de Aemet y otra del 112 que cuestionaba el papel de la agencia estatal en la gestión de la emergencia. Aunque con trampa: la grabación había sido manipulada y recortada.

Eso es lo que investiga el juzgado de Instrucción 6 de Llíria, cuyas indagaciones señalan a Presidencia de la Generalitat. La instrucción, abierta tras una denuncia de la Fiscalía a partir de un escrito de la Aemet, sigue por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos porque las llamadas del 112 solo pueden utilizarse "a los estrictos fines" de la gestión de una emergencia y extraerse si lo pide un juzgado. Sustraer la información de ese circuito para otro uso es ilegal. Así que la jueza de Llíra indaga quién ejecutó la filtración.

Poco a poco, la magistrada va acumulando indicios de el origen de la difusión indebida está en la administración autonómica. No solo porque es la que graba las llamadas -no así la Aemet- sino porque también es la encargada de mantenerlas a buen resguardo. La denuncia de la Fiscalía lo dejó claro en su denuncia al asegurar que las grabaciones "son conservadas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana", entonces dependiente de la Conselleria de Interior.

La jueza ordenó a la Guardia Civil que averiguara quién había accedido a la grabación y, tras entrevistarse con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, aportó a los agentes una información determinante: dos altos cargos de la Conselleria de Interior habían accedido a la llamada y se habían llevado una copia en un pendrive. Fueron el exsubsecretario Ricardo García y el exdirector general de Emergencias Alberto Martín Moratilla, apenas días después de la tragedia y meses antes de que el audio apareciera manipulado en los medios. Ambos fueron cesados en sus cargos poco después de que estos extremos salieran a la luz aunque la Generalitat adujo una reorganización interna.

La magistrada ya tenía un hilo del que tirar pero antes quiso oir el testimonio de Suárez, que podía aportar datos todavía más reveladores como se ha comprobado esta semana. En su testifical, el subdirector de Emergencias apuntó al núcleo duro de Mazón porque, según dijo, al personarse el subsecretario de Justicia en el centro, aseguró que era una orden de Presidencia y que era "urgente". No identificó quién había dado la instrucción, pero entró en la sala donde se almacenaban las llamadas y no se marchó hasta dar con la grabación, según explicó Suárez a la jueza. Y lo hizo sin orden escrita, sin justificación y sin firmar ningún documento. "Nunca se había pedido una grabación de esta manera por parte de un alto cargo", apuntó en su declaración, según fuentes presenciales.

La revelación es de calado: pone en el centro de las pesquisas al departamento de Presidencia que por aquel entonces encabezaba Mazón y que, hasta la fecha, se había librado de cualquier responsabilidad penal por la gestión de la dana en la instrucción del juzgado 3 de Catarroja. Por allí han pasado a declarar como testigos, además de García y Martín Moratilla, el jefe de Gabinete del expresident, José Manuel Cuenca, o el ex secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García. El que fuera inquilino del Palau, por su parte, también ha sido llamado a comparecer como testigo, si bien él busca acudir ahora con las garantías de un 'preimputado', que le permitirían esquivar preguntas incómodas o mentir en defensa propia. Está por ver cuál es el próximo paso de la jueza de Llíri

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