El juez cita a declarar el 22 de mayo al excomisionado de la dana por la falsificación de su título

El Juzgado de Instrucción 4 de València, que dirige el magistrado Jorge Martínez Ribera, ha citado a declarar como investigado el próximo 22 de mayo al excomisionado del Gobierno central para la dana, José María Ángel, por la presunta falsedad documental cometida en 1983 del título de diplomado en archivística y biblioteconomía, que le permitió ascender en la escala de funcionario en la Diputación de València. Una decisión que adopta después de que la sección tercera de la Audiencia de València corrigiera la decisión del magistrado de acordar el sobreseimiento libre (definitivo si hubiera sido firme la decisión) de la investigación por falsedad documental contra José María Ángel porque consideraba que "los hechos denunciados están notoriamente prescritos (....) "cuanto menos hace 30 años”.

Así que, una vez reactivada la causa por decisión de la sección tercera de la Audiencia de València, el siguiente paso lógico era citar al excomisionado de la dana, con asistencia letrada. José María Ángel ha elegido para su defensa al experimentado y reputado abogado Javier Boix, que evitó la condena a Camps en el primer juicio de la Gürtel por la pieza de los trajes, pero no logró evitar la condena para su conseller, Rafael Blasco, condenado en todas las piezas abiertas por el desvío de las ayudas a la cooperación.

Los tres magistrados que obligaron a reactivar la causa contra José María Ángel, Carmen Melero Villacañas-Lagranja (presidenta de la sección tercera de la Audiencia de València), Lamberto Rodríguez Martínez y Jesús Rojo Olalla (ponente del auto) disentían del magistrado en la opinión de que el presunto delito de falsificación del título de José María Ángel estuviera prescrito. Y también defienden que la causa debía reabrirse en lugar de sobreseerse para abordar "otros aspectos" como la posibilidad de que el acceso a un puesto más elevado de funcionario con un título presuntamente falsificado pudiera constituir un posible "delito de estafa o malversación con desviación reiterada de fondos cada mes", que es la tesis que defiende la Diputación de València, personada en la causa junto al grupo Parlamentario del Partido Popular. Los magistrados de la Audiencia de València también consideraban precipitado el sobreseimiento que se dictó, alegaban, "sin la escucha de la persona denunciada" y que decantaron la balanza hacia su decisión de "alzar la decisión" y reabrir la causa por la investigación de José María Ángel.

De la causa ha quedado apartada la acusación popular que ejercía Manos Limpias por no pagar los 6.000 euros de fianza que exigió el magistrado Jorge Martínez Ribera, para personarse en la causa, después de presentar la querella inicial contra José María Ángel.

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