Detenido cuando iba a regularizarse: frenan la expulsión de un joven marroquí de Altea que no supo explicar dónde estaba su domicilio

La expulsión de Mounir M., un joven marroquí residente en Altea internado en el CIE de València, ha quedado paralizada temporalmente después de que su abogado presentara una solicitud de protección internacional que ahora deberá resolver el Ministerio del Interior en Madrid en un plazo de cuatro días. La defensa sostiene que el joven cumple además los requisitos para acogerse al proceso de regularización extraordinaria actualmente en vigor.

El joven fue detenido cuando acudía a iniciar los trámites vinculados a esa regularización y posteriormente internado por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm, que apreció riesgo de fuga al considerar que no había acreditado correctamente un domicilio estable. Su abogado sostiene, sin embargo, que la confusión se debió a que “no supo explicar bien su dirección” por sus dificultades con el español y asegura que durante el procedimiento se aportó documentación que acreditaba su empadronamiento, arraigo social y situación laboral en España.

Mounir, de 26 años de edad, se dirigía al Ayuntamiento de Altea con unos compañeros a realizar los trámites para acogerse a la regularización extraordinaria aprobada el pasado mes de abril cuando fue detenido por la Policía. Según el letrado, la detención se produjo por perfil étnico-racial. Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial y el Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm autorizó su ingreso en el CIE al apreciar riesgo de incomparecencia y posible frustración de la expulsión, según relata su abogado.

Con empadronamiento y sin antecedentes

La defensa sostiene, sin embargo, que dicha decisión se basó en una interpretación errónea de los hechos. Según explica su abogado, Álvaro Vico Cortés, Mounir “no habla bien español y no supo explicar correctamente su domicilio” durante la comparecencia judicial. Pese a ello, asegura que se aportaron certificados de empadronamiento, documentación sanitaria, número de Seguridad Social y pruebas de arraigo laboral y social que acreditarían su residencia estable en España y la ausencia de antecedentes penales relevantes.

El recurso de reforma presentado contra el auto de internamiento ha sido desestimado, aunque el abogado ya ha anunciado la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Paralelamente, la defensa acudirá también a la jurisdicción contencioso-administrativa de Alicante para solicitar medidas cautelares que impidan la expulsión.

Plazos

Sin embargo, el abogado ha abierto una nueva vía en la tarde del miércoles para dilatar o descartar la expulsión y la devolución de Mounir a Marruecos que estaba prevista inicialmente para este jueves, 14 de mayo, desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La ejecución ha quedado temporalmente suspendida después de que la defensa haya presentado formalmente una solicitud de protección internacional (asilo).

Según el letrado, esta petición obliga ahora a la Administración a revisar el caso antes de ejecutar cualquier expulsión. Interior dispone de un plazo de cuatro días para resolver si admite o rechaza la solicitud. En caso de denegación, la defensa solicitará el reexamen completo de la situación administrativa del joven aportando nuevamente toda la documentación relativa a su arraigo y a la solicitud de regularización extraordinaria ya presentada.

Vico Cortés recuerda además que el expediente de expulsión quedó firme en noviembre de 2025, aunque asegura que entonces no pudo recurrirse porque el abogado de oficio designado en aquel momento no interpuso recurso alguno.

Defensor del Pueblo

“El problema jurídico de fondo es que estamos ante una persona que ya ha iniciado vías legales de regularización y cuya expulsión podría provocar un perjuicio irreparable antes de que la Administración y los tribunales valoren correctamente toda la documentación”, sostiene la defensa.

El caso ha generado preocupación también en el entorno del Defensor del Pueblo, desde donde se apunta que la solicitud de regularización podría no surtir efectos al haberse presentado tras la detención. La defensa discrepa de esa interpretación y sostiene que la normativa extraordinaria “no establece que la solicitud deba haberse presentado antes del arresto”.

Mientras tanto, el caso ha tenido eco en redes sociales como Instagram donde la plataforma de ONG Cierre de los CIES exigen la "libertad inmediata" de este joven".

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