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Dossier CV

Una amplia red educativa y de atención social que genera debate

Manifestación en 2016 en València en defensa de la enseñanza concertada.

Manifestación en 2016 en València en defensa de la enseñanza concertada. / Manuel Bruque / Efe

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Belén Nebot

Castelló

La presencia de la Iglesia en ámbitos como la educación o la atención social genera un intenso debate en la Comunitat Valenciana. Mientras las organizaciones vinculadas a la enseñanza católica y entidades como Cáritas reivindican su papel histórico y su capacidad para complementar los servicios públicos, personas del ámbito educativo y sindical cuestionan que proyectos religiosos sigan financiándose con dinero público. El debate enfrenta dos modelos: quienes apelan a la libertad de elección y quienes defienden una red pública única y laica.

Actualmente, según datos de la Conselleria de Educación, 190.769 alumnos estudian en centros concertados de la Comunitat Valenciana, representando el 26,37 % del total del alumnado. Por provincias, el 66 % de estos estudiantes se concentra en Valencia, el 2 6% en Alicante y el 7,8 % en Castellón.

Según explica la presidenta de Escuelas Católicas de la C. Valenciana, Vicenta Rodríguez, las familias siguen apostando por estos colegios porque creen en la “pluralidad” en el sistema educativo. “¿Por qué tiene que haber una enseñanza única?”, plantea. Además, afirma que la concertada no resta recursos a la pública, sino que son redes educativas “complementarias” y que incluso la concertada es más barata para la administración.

“¿Por qué tiene que haber una enseñanza única?”

Vicenta Rodríguez

— Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana

La defensa de la libertad de elección también es uno de los principales argumentos de la patronal de familias de la concertada. El presidente de Concapa Castellón, José Antonio Rodríguez, sostiene que muchas familias optan por la educación concertada porque creen que los valores cristianos se ajustan con la educación que desean para sus hijos. “Poder elegir de manera igualitaria un colegio según las creencias es un derecho”, asegura.

Asimismo, considera que la concertada ha estado “cuestionada siempre desde una ideología y filosofía muy concreta”, en referencia al modelo de “escuela única, pública y laica”. También rechaza las críticas sobre segregación y recuerda que “el 98 %” de los colegios concertados católicos son mixtos.

A esta defensa se suma la delegada para Enseñanza del Arzobispado de València, Rosa López Oliván, quien expone que la Iglesia ha tenido que adaptarse a un contexto en el que ya no posee “la autoridad indiscutida” de décadas anteriores, pero cree que eso la ha obligado a “ganarse la credibilidad desde la autenticidad y la coherencia”.

Nadie discute todo el bien social que hace la Iglesia

Rosa López Oliván

— Delegada de Enseñanza del Arzobispado de Valencia

López también reivindica la dimensión social de la Iglesia y pone como ejemplo el trabajo de Cáritas o de los misioneros. “Nadie discute todo el bien social que hace la Iglesia”, asegura. En el ámbito educativo, defiende que la educación católica actúa como “un ancla en el mar turbulento del mundo educativo de hoy”.

Sin embargo, el presidente de la Confederación Gonzalo Anaya y presidente Fampa Castellón, Vicent Gumbau, defiende una “escuela pública y laica” y considera excesiva la financiación pública destinada a centros religiosos. “Si una entidad es privada, tiene que sobrevivir con su dinero, no con dinero público”, afirma. Además cree que la escuela pública está “en desventaja” frente a la concertada y denuncia que los centros religiosos “cada día reciben más subvenciones”.

Los centros religiosos cada día reciben más subvenciones

Vicent Gumbau

— Presidente de la confederación de padres y madres Gonzalo Anaya

Una visión similar mantiene el director del IES Bovalar de Castelló, Toni Solano, quien considera que “no tiene sentido mantener un sistema concertado” y defiende que la escuela pública debería cubrir “todas las necesidades”. En caso de existir conciertos educativos, añade, “los centros sostenidos con fondos públicos deberían mantenerse aconfesionales”.

Solano cuestiona especialmente la obligatoriedad de ofertar Religión en los institutos públicos. Según explica, aunque solo unos pocos alumnos soliciten esta asignatura, el centro debe reorganizar horarios y destinar profesorado a la atención educativa del resto del alumnado. “El 80 % de los niños no cursan Religión y tienen que estar una hora en el centro sin hacer nada”, denuncia.

La pública carga con todo el alumnado vulnerable o con dificultades

Toni Solano

— Director del IES Bovalar de Castelló

Además, el educador considera que el sistema concertado genera segregación social y económica. “La pública carga con todo el alumnado vulnerable o con dificultades, mientras la concertada se convierte en un ‘búnker’ frente a esas dificultades”, sostiene. También critica prácticas como las cuotas “voluntarias” que, a su juicio, limitan el acceso de algunas familias.

Por otro lado, la Iglesia sigue estando presente en la atención social. Cáritas mantiene una extensa red de ayuda en todo el territorio valenciano a través de parroquias y programas sociales. El representante en la Comunitat Valenciana, Víctor Mellado, de la sede en Orihuela-Alicante, explica que la principal emergencia social actual es la vivienda. “Estamos atendiendo a participantes que, incluso teniendo trabajo, no pueden acceder a una vivienda”, señala. Según Cáritas, el aumento del precio de los alquileres está provocando situaciones de exclusión muy graves en Valencia, Alicante y Castellón.

No obstante, también reconoce que hay un debate sobre el papel de las entidades religiosas en servicios financiados con fondos públicos. “A veces parece que la administración quiere externalizar servicios que debería hacer ella”, admite. Aun así, defiende que mientras existan situaciones de vulnerabilidad, entidades como Cáritas seguirán siendo necesarias.

El debate sigue abierto. Mientras sectores vinculados a la Iglesia reivindican la libertad educativa y la función social de sus instituciones, las voces críticas reclaman reforzar una red pública, universal y laica.

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