La puerta sigue abierta para hacer la trampa en el fútbol español. La reforma de la ley concursal no ha llegado a tiempo y un año más los clubs acogidos a ese proceso evitarán el descenso de categoría por impagos. Es por ello que la AFE vuelve a reafirmar su amenaza de impedir el inicio de la Liga el 20 de agosto si los jugadores no han cobrado y no se garantizan los condicionantes para que la competición se pueda desarrollar con normalidad.

El sindicato de futbolistas estima que para el 30 de junio, fecha en que acaba el plazo de presentación, habrá unas 300 denuncias de futbolistas de Primera y Segunda y cerca de 22 millones de impagos por parte de los clubs a sus jugadores correspondientes a la última temporada, a los que hay que añadir 20 millones pendientes de la campaña anterior.

PRIORIDAD // El riesgo de no atender esas deudas supone el descenso a 2ª B. No para los clubs acogidos a la ley concursal, que no ha sido aún reformada por lo que no cabe aplicar el reglamento federativo cuando una entidad haya entrado en concurso de acreedores. Hasta ahora la corriente jurisdiccional da prioridad a la ley concursal sobre la reglamentación deportiva, que sanciona con el descenso por impago de deudas. Con el cambio previsto, se aplicarán las especialidades que para las situaciones concursales prevé la legislación del deporte y sus normas de desarrollo. El problema es que todo apunta a que no se aprobará en esta legislatura.

El Rayo ha sido el último en solicitar el concurso voluntario de acreedores. Lo hizo ayer tras agotar el plazo de cuatro meses en situación de preconcurso. Arrastra una deuda que ronda los 50 millones de euros. El pasado día 14, el juez admitió a trámite el concurso solicitado por el Zaragoza, con una deuda declarada de 110 millones de euros. Con ellos, son 11 los clubs en proceso concursal. Otros diez lo estuvieron en su día y han vuelto a ser dirigidos por sus propios consejos tras un periodo regidos por los administradores designados por el juez. El secretario de Estado para el Deporte lamentó ayer la situación. “Es una utilización perversa de algunos clubs”, declaró Albert Soler, que no supo poner plazo a la reforma de la ley pendiente en el Congreso de los Diputados. H