La subasta pública es un proceso que tiene su complejidad, ya que las pujas pueden hacerse en la misma sala, presentado la oferta en un sobre cerrado, o a través de internet. De lo que ningún licitador se libra es de presentar un depósito de 239.818,61 euros, cantidad que será devuelta en el caso de no ser el adjudicatario del lote en cuestión. Así, Hacienda se asegura la liquidez del posible comprador.
El precio de salida es la valoración de los inmuebles subastados (1,2 millones de euros, en este caso), con tramos que irán subiendo en 2.000 euros. Si la adjudicación superase los 2,2 millones, lo que el Castellón adeuda a la Agencia Tributaria, la diferencia sería para la SAD.
Si las posturas ofrecidas no resultan satisfactorias, siempre que se crea conveniente, podrá celebrarse una segunda subasta con media hora de diferencia y reduciendo el tipo al 75%. Si esta tampoco diera resultado, se iniciarán los trámites para la adjudicación directa, pudiéndose presentar sobres con ofertas que se abrirán cada mes hasta un plazo máximo de seis. De no surgir comprador, los terrenos vuelven a sus propietarios originarios a los cuatro años. H
