Nuevo revés económico de enormes proporciones para el Castellón. El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó ayer una sanción de 180.521 euros para la entidad. Una sanción que tiene su origen en una “infracción en materia de Seguridad Social”, como redacta el acta elaborada al término de dicha reunión y que cualquiera puede consultar en http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130913.htm.

En apenas unas líneas, dentro de los acuerdos adoptados ayer, el apartado de Empleo y Seguridad Social certifica el acuerdo “por el que se impone una sanción, por cuantía de 180.521,30 euros, a la empresa Club Deportivo Castellón, Sociedad Anónima Deportiva, como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Castellón”.

SILENCIO INSTITUCIONAL // Mediterráneo intentó, sin éxito, conocer la valoración del club a esta multa, aunque no hubo respuesta alguna por parte de David Cruz.

Son muchas las incógnitas que surgen, todas ellas aún sin contestación. ¿Es una sanción derivada de la gestión de actual grupo o se remonta a la época anterior a julio del 2012? ¿Contaba el club con ella --presupuestada o no-- o supone un imprevisto añadido a la delicadísima situación económica de la entidad? ¿Cómo puede enmarcarse, dentro de las negociaciones con la Seguridad Social a la hora de establecer las condiciones de pago, cláusulas, términos... de la deuda mantenida con este organismo? Pero, por encima de todas, ¿como afectará al futuro, teniendo en cuenta que el club aguarda la respuesta judicial a la petición presentada, hace menos de dos semanas, para acogerse al abrigo del concurso de acreedores? Sin duda alguna, sí significa un nuevo obstáculo.

En la rueda de prensa concedida el 16 de mayo, Cruz cuantificó el agujero con la Seguridad Social en 422.000 euros. Aparte, 2.250.000 euros con la Agencia Tributaria, de los que 750.000 euros correspondían a sanciones. Es más: el presidente comunicó que la Hacienda Pública ya había procedido a embargos, durante el pasado ejercicio, por un montante total de 180.000 euros. H