El nuevo control económico aprobado por la UEFA el pasado 7 de abril se convertirá a partir de la próxima temporada en una norma de obligado cumplimiento para todos los clubes de Primera y Segunda División en España. LaLiga prevé modificar después del verano su Reglamento General para integrar en su propia normativa las modificaciones introducidas por el organismo europeo.

Las normas de la UEFA relativas a la economía de los clubes y al llamado 'fair play' financiero solo son de aplicación para aquellos clubes que disputan competiciones europeas: si las cumplen pueden jugar: si no lo hacen, no o al menos reciben sanciones. Sin embargo, LaLiga decidió hace ya muchos años incluirlas en su propio 'corpus' legal para que todos los clubes deban cumplirlas, con indiferencia de que jueguen en Europa o no.

Los requisitos que hasta ahora marcaba la UEFA estaban integrados (y aún lo están) en el Libro X del Reglamento General, que versa precisamente sobre el control económico de los clubes y SADs que forman parte de la competición, y sirven como complemento al control propio que realiza LaLiga bajo su propia normativa.

A priori y a posteriori

Son dos normas complementarias, puesto que las de LaLiga realizan un control económico a priori del gasto en plantilla que cada uno de los clubes puede realizar y la de la UEFA se centra en evaluar a posteriori que los equipos han cumplido con los límites fijados, sancionándolos para futuras ediciones de las competiciones continentales en caso contrario.

Hasta ahora, el control que hacía la UEFA se basaba, en líneas generales, en que los clubes no arrojaran pérdidas por un valor conjunto superior a los 30 millones de euros en tres los años anteriores, permitiendo a sus propietarios cubrir ese déficit mediante inyecciones directas de capital en la entidad. En caso contrario, la acumulación de deuda no podía ser superior a los cinco millones en cada periodo.

Al margen de esta cuestión, la UEFA velaba también por la no existencia de deudas vencidas con terceros (clubes, jugadores, instituciones públicas con Hacienda o la Seguridad Social...), así como por el ajuste de los patrocinios a su valor de mercado real, para impedir que los clubes-estado se financiaran a través de aportaciones encubiertas de sus propietarios.

Este sistema, no obstante, se fue demostrando ineficaz con el paso de los años, logrando esquivar tanto el PSG como el Manchester City las sanciones derivadas del incumplimiento de este 'fair play' financiero, lo que ha llevado a la UEFA a alterar su normativa para buscar el equilibrio y la sostenibilidad del fútbol a través de otros mecanismos.

70% de los ingresos

La principal novedad del mecanismo aprobado el pasado 7 de abril es el control de los gastos deportivos de los clubes, limitándolos a un 70% de su facturación total. La UEFA barajó aplicar 'impuestos de lujo' u otras herramientas para complementar esa norma, pero lo descartó para no entrar en colisión con la legislación sobre competencia de la Unión Europea.

De manera transitoria, el límite será de un 90% la próxima temporada y de un 80% la siguiente, fijándose ya en el definitivo 70% a partir del curso 2024/25. Otro de los cambios es que los propietarios podrán enjugar hasta 60 millones de euros de pérdidas en tres años mediante inyecciones directas de capital, duplicando la cantidad máxima fijada hasta ahora.

LaLiga ya controla el porcentaje de ingresos totales que los clubes destinan a su plantilla deportiva, dado que es la base para el cálculo del límite salarial. En la mayoría de casos (y en circunstancias normales, es decir, sin Covid-19), la cantidad se sitúa en torno a ese 70% que ahora exige la UEFA, si bien habrá clubes que deban adaptar ligeramente su estructura de gastos a esta nueva normativa.

Dos supervisiones

Para controlar el cumplimiento de estas normas que proceden de UEFA, LaLiga realiza dos supervisiones por temporada. La primera se lleva a cabo después de que los clubes remitan sus resultados auditados de la temporada anterior, con límite el 30 de noviembre. La segunda se hace estas semanas, cuando las entidades ya han enviado sus estadios financieros intermedios, es decir, los números que tienen a final del año natural, que es el punto medio de la temporada.

Esta última información, que los clubes deben enviar a LaLiga antes del 31 de marzo, es utilizada también por la institución que preside Javier Tebas para contrastar la que mandan posteriormente (antes del 30 de abril) para fijar los límites de coste salarial preliminares de cara a la siguiente temporada.