La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha solicitado penas que suman diez años y medio de prisión para el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), Jesús Castellanos, por desviar cerca de 700.000 euros de subvenciones del Consejo Superior de Deportes (CSD), según se recoge en el escrito de acusación presentado ante el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante para solicitar la apertura de juicio oral. El Ministerio Público considera a Castellanos autor de un delito continuado de fraude de subvenciones y ayudas en concurso con uno de falsedad y dos de administración desleal, uno de ellos en concurso con delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.
Las mismas penas de diez años y medio de prisión han sido solicitadas para otros dos acusados que estaban en la directiva de la RFET cuando se cometió el presunto fraude, el exgerente Miguel Pérez Otín y José María Pujadas, quien aún sigue como secretario general de la Federación Española de Taekwondo, que tiene la sede en Alicante. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido además sendas penas de dos años de prisión para la actual gerente de la Federación, Alicia Sancho, por dos delitos de administración desleal, uno de ellos en concurso con dos de apropiación indebida y falsedad.
El cuarto acusado en la causa es Victorino Pizarro, que fue presidente de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana y que se enfrenta a una petición de un año y nueve meses de prisión por un delito de administración desleal en concurso con otro de apropiación indebida.
Indemnizaciones
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía solicita que Castellanos y los otros dos acusados de la directiva sean condenados a indemnizar al Consejo Superior de Deportes con 664.727 euros, dinero desviado presuntamente por los implicados. También pide que se declare como responsable civil subsidiaria a la Real Federación Española de Taekwondo. Como esta última entidad también ha resultado perjudicada por el desvío de fondos, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, se solicita que los tres acusados de la directiva indemnicen a la RFET en la cantidad de 387.817 euros, salvo que renuncie expresamente a ello la Federación. De este dinero se reclama que la gerente pague 75.081 euros.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación que que la cúpula directiva de Real Federación Española de Taekwondo (RFET) estuvo defraudando al Consejo Superior de Deportes con las subvenciones públicas que recibía de este organismo y además realizó otras actuaciones irregulares con recursos propios de la RFET. Dichas irregularidades fueron denunciadas inicialmente por Eugenio Granjo, presidente de un club de Castellón, y posteriormente por la Federación Gallega de Taekwondo.
Gastos no subvencionados
La investigación abarca el periodo entre 2009 y 2016 y se acusa a Castellanos y a su equipo directivo de alterar las cuentas para recibir subvenciones del Consejo Superior de Deportes y destinar las ayudas a otros fines no contemplados por el CSD, como gastos que no se correspondían con las competiciones subvencionadas.
En uno de los casos recogidos por el fiscal, se indica que para el campeonato del mundo junior en México en 2010 la RFET "presentó una doble justificación para un mismo concepto, el alojamiento del equipo nacional en la ciudad donde se celebró". Asimismo, para un evento en Croacia en 2009 presentaron una factura de alojamiento para dicho open, cuando en realidad los gastos eran por viajes a El Cairo o a París, entre otros cargos.
