Los sindicatos CCOO y UGT aceptaron ayer el proyecto de real decreto elaborado por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, que regulará la nueva renta agraria para los agricultores eventuales de Andalucía y Extremadura. La reforma del sistema de ayudas a los trabajadores del campo ha logrado cerrar el conflicto que se abrió entre el Gobierno y los sindicatos por el decretazo de reforma del desempleo.
Los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, fueron unánimes ayer al considerar "zanjado el enfrentamiento que provocó la huelga general del 20-J" tras la modificación del antiguo Programa de Empleo Rural (PER) agrario, tema de discordia entre las centrales y el Ministerio de Trabajo.
Fidalgo y Méndez valoraron el texto legal después de analizarlo junto a los secretarios generales de Extremadura y Andalucía, y de las federaciones agroalimentarias de ambas organizaciones. UGT-Extremadura reconoció que hay aspectos "más favorables" que en el anterior sistema, como que los agricultores puedan cobrar el 100% del salario mínimo y no el 75% como ahora.
DERECHO GARANTIZADO
La garantía de que la renta agraria para los nuevos jornaleros extremeños y andaluces generará derecho a pensión ha sido "motivo suficiente" para que los dos secretarios generales descartaran llevar a cabo el paro agrario anunciado para el 20 de febrero.
UGT y CCOO mantendrán las asambleas ya convocadas aunque ahora servirán para que los dos líderes sindicales expliquen los beneficios de la reforma.
No obstante, Fidalgo y Méndez descartaron que este decreto constituya la mejora definitiva del desempleo agrario. Para el líder de CCOO, "éste no es un texto de acuerdo, porque no ha habido negociación, ahora empieza el trámite de audiencia (con el Gobierno)". Los sindicatos pedirán un mismo modelo de subsidio contributivo para todos los jornaleros de España. Méndez desveló que ambas organizaciones emitirán un dictamen jurídico y constitucional sobre el decreto ley y exigirán la opinión del Consejo Económico y Social.
OBJECIONES
UGT y CCOO estudian plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la medida que restringe el subsidio a los jornaleros que acrediten haber vivido más de 10 años en Andalucía o Extremadura. "El disfrute de un derecho debe ser universal y no puede discriminar a las personas por su origen con el fin de filtrar a la población inmigrante", dijo Fidalgo.
También hay una discrepancia respecto a la duración de la nueva norma. Mientras que el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, insistió ayer en que el decreto tiene una duración de seis años, el secretario general de UGT opinó que "su duración es ilimitada".
