José María Aznar está decidido a poner coto al creciente poder de las cajas de ahorros, dando satisfacción las peticiones de la patronal, sobre todo la bancaria, que rechaza que las cajas puedan adquirir otras empresas, incluso bancos, sin que éstas puedan entrar en el capital de las entidades de ahorros.
El presidente del Gobierno promoverá una ley que limitará los derechos políticos de las cajas en sus empresas participadas a un máximo del 3% del capital con independencia de la participación que tengan. Eso supondría que, en el caso de Gas Natural, por ejemplo, Caixa Catalunya --que posee un 3%-- y La Caixa --con un 31%-- tendrían la misma capacidad de influir en su gestión.
PROYECTO PARA OCTUBRE
Aznar hizo este anuncio el martes pasado a una representación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Quiere esperar hasta octubre para distanciar la medida de la OPA lanzada por Gas Natural sobre Iberdrola, una operación respaldada por La Caixa, que no cuenta con el beneplácito de Madrid y que parece ser el detonante de la decisión de Aznar.
Fuentes del Servicio de Defensa de la Competencia señalaron que el informe preceptivo sobre la oferta de compra, que podría conocerse hoy, impondrá tales limitaciones "que harán prácticamente imposible la adquisición". Este organismo ya actuó de forma similar con el proyecto de fusión de Iberdrola y Endesa.
Aznar comunicó su decisión a Cuevas porque no sólo es presidente de la CEOE sino que mantiene estrechas relaciones con otras patronales, como la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Asociación Española de Banca (AEB). Aunque la misión de Cuevas es saber la opinión de las otras organizaciones, la CEOE cree que el anuncio de Aznar no es un globo sonda.
PARTICIPACIONES DE LAS CAJAS
Varias cajas españolas tienen participaciones empresariales, pero la más perjudicada sería La Caixa. La entidad no comentó la noticia, pero fuentes consultadas tampoco ocultaron su sorpresa.
El consejero jefe de la Generalitat catalana, Artur Mas, se mostró muy crítico con la iniciativa y aseguró que se trata de "un ataque frontal contra las cajas" que "atenta contra la capacidad de influencia económica de Cataluña". Amenazó, además, con que el Gobierno catalán "hará todo lo posible para evitarlo".
DESCONOCIMIENTO EJECUTIVO
La Generalitat espera que el proyecto no acabe de cuajar, pero teme que el hecho de que la propuesta provenga de Aznar sea suficiente para que sea asumida por el Ejecutivo. Tanto el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, como el de Trabajo, Eduardo Zaplana, dijeron ayer que desconocían si se preparaba una medida limitativa de los derechos políticos de las cajas. Rato se limitó a decir que todas la medidas sobre cajas están contenidas en la ley financiera, "fruto del consenso del sector y de los grupos parlamentarios".
