Al margen de las razones que ha esgrimido Telefónica para justificar el nuevo expediente de regulación de empleo, el verdadero motivo de la compañía para prescindir de 15.000 empleados no es otro que transformarse en una empresa comercializadora de nuevos productos de telecomunicaciones y dejar en un segundo plano los servicios de la red de telefonía heredados del antiguo monopolio.

El texto que justifica la solicitud del expediente de regulación de empleo entregado al Ministerio de Trabajo no deja lugar a dudas sobre los objetivos de la operadora. La reducción de costes de personal supondrá "un cambio en el actual perfil de la compañía y en la distribución de la plantilla para configurar una organización enfocada a los clientes".

Telefónica justifica ante Trabajo que las actividades de mantenimiento de la red y la inversión tecnológica deben "ceder el testigo del liderazgo a los equipos comerciales, sobre todo cuando la batalla de futuro pasa por posicionarse en el mercado a través de la retención de clientes".

De esta manera, la compañía explica que la mayor parte de las 15.000 bajas incentivadas deben centrarse en reducir en un 20% el número de empleados que trabajan en garantizar el servicio de la red y en operaciones. Es decir, los que mantienen en funcionamiento las conexiones que utiliza Telefónica y que además alquila a las empresas competidoras.

Estos trabajadores representan hoy el 60% de la plantilla de la empresa. Al mismo tiempo, Telefónica pretende incrementar los equipos comerciales, que ahora tienen un peso del 27% de la plantilla, para que supongan el 40% del total.

El expediente de regulación de empleo establece la posibilidad de contratar hasta 750 trabajadores nuevos. Los sindicatos opinan que la mayoría engrosarán las filas de los equipos de ventas de nuevos productos relacionados con internet.

"CAMBIO CULTURAL"

Para Telefónica, la medida es un "cambio cultural" sobre las funciones asignadas por el Estado como exmonopolio. La primera operadora española se queja de que el marco regulador impuesto por el Gobierno le obliga a soportar en solitario todo el coste del servicio universal de telefonía y da ventaja a sus competidores en el sector.

Los sindicatos pronostican que la compañía elevará el número de empresas subcontratadas que prestan el servicio a la red de telefonía y rechazarán que se incremente el proceso de externalización de tareas.