Argentina se enfrenta a 27 demandas de las compañías privatizadas y otros inversores por unos 13.236 millones de euros (2,2 billones de pesetas) en el Centro de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), un tribunal del Banco Mundial. El Gobierno busca que las privatizadas desistan de sus reclamaciones a cambio de un "reequilibrio contractual". Las empresas quieren conocer las condiciones que proponen las autoridades así como qué tipo de resarcimiento tendrán de los perjuicios que, dicen, provocó la devaluación.
