El Gobierno italiano aprobó ayer medidas urgentes con el objetivo de evitar la quiebra de Parmalat, la mayor compañía agroalimentaria del país, envuelta en una crisis financiera sin precedentes comparada ya con la que desembocó en la bancarrota de Enron en EEUU. A la vez, el Ejecutivo reclamó a la Comisión Europea que autorice ayudas al sector lácteo, afectado por la situación que atraviesa la empresa. Bruselas emplazó a Roma a entablar un "diálogo" y aportar toda la información sobre las medidas de intervención acordadas, dijo Tilman Lueder, portavoz del comisario europeo de la Competencia Mario Monti.

El Consejo de Ministros, ante la perspectiva de un agravamiento de la situación, aprobó un decreto ley sobre la reestructuración de las grandes empresas en situación de insolvencia, a la medida de Parmalat. Un comisario nombrado por el Gobierno gestionará la compañía.

La norma afectará a las "grandes empresas con al menos 1.000 empleados y un endeudamiento de al menos 1.000 millones de euros", explicó el ministro de Industria, Antonio Marzano. Parmalat tiene unos 35.000 empleados y sufre un agujero patrimonial de unos 4.000 millones de euros (665.544 millones de pesetas). Algunos medios elevaron ayer el quebranto patrimonial a 9.000 millones de euros. El objetivo del decreto ley es "salvaguardar los empleos y no a los accionistas o a los gestores", según Marzano. La empresa permanecerá bajo la tutela del Ministerio de Industria.

AMPLIOS PODERES Las sociedades afectadas por la nueva norma, hecha a la medida de Parmalat por el Gobierno del primer ministro, Silvio Berlusconi, serán gestionadas por un comisario extraordinario con amplios poderes. Este gestor preservará la continuidad de la empresa, según el Ejecutivo.

Mientras el Gobierno trabajaba ayer para salvar al octavo grupo de Italia, en el frente judicial siguieron las investigaciones iniciadas el pasado fin de semana destinadas a demostrar la existencia de aportación de información falsa a los auditores.

Un abogado del Bank of America aseguró que había aportado a los funcionarios que investigan el caso a instancias de la fiscalía de Milán documentación que demuestra los datos falsos de una filial de Parmalat. En concreto se trata de Bonlat, con sede en las islas Caimán, en cuya documentación contable figuraban 3.950 millones en activos, que fueron rechazados por el Bank of America.

Tanto el fundador y expresidente del grupo, Calisto Tanzi, como tres anteriores responsables de sus finanzas fueron citados en el proceso judicial abierto. Ayer fue interrogado Fausto Tonna, director financiero del grupo hasta marzo pasado.