El Gobierno impulsará durante esta legislatura la ley que permite la quiebra de los particulares cuando el sobreendeudamiento les impide hacer frente a las deudas contraídas con entidades financieras. Los socialistas ya presentaron el proyecto de ley durante la pasada legislatura pero fue rechazado por el PP, que tenía mayoría en el Congreso.
Isabel Pozuelo, portavoz de Sanidad y Consumo del Grupo Socialista en el Congreso, señaló ayer en una conferencia en Barcelona, que "el sistema no puede conducirnos al crédito y, luego, no responsabilizarse de las consecuencias". Razón por la cual deben arbitrarse medios de prevención del sobreendeudamiento de familias y particulares.
DICTAMEN EXTERNO Fuentes del Ministerio de Sanidad y Consumo confirmaron ayer que el proyecto se volverá a presentar en esta legislatura y que se ha pedido un dictamen externo para evaluar la iniciativa. Elena Salgado, ministra de Sanidad, ya anunció durante una reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados que en esta legislatura se reforzarían los mecanismos para prevenir el sobreendeudamiento.
El proyecto deberá ser consensuado con las comunidades autónomas, pues de ellas dependerá que se articule un sistema de arbitraje entre consumidores y entidades financieras, según explicó ayer Pozuelo. Aunque el proyecto intentará articular mecanismos de prevención del endeudamiento excesivo de los consumidores, abre la puerta a la quiebra de los particulares y al procedimiento del concurso de acreedores, tal como se establece para las empresas en el proyecto de ley concursal que está en marcha.
ORGANISMO DE ARBITRAJE La ley propondrá la creación del Centro de Arbitraje del Sobreendeudamiento que mediará entre entidades y particulares y se encargará de plantear un plan de viabilidad y, finalmente, un acuerdo de pago. Estos organismos dependerán de las juntas arbitrales de consumo que dependen de los gobiernos autonómicos. En caso de que no se produzca un acuerdo, se recurrirá al procedimiento judicial y al concurso de acreedores. El juez tendrá capacidad para decidir cómo se salda la deuda finalmente.
Con respecto a los mecanismos preventivos, la ley se concentrará en garantizar la defensa de los consumidores en aspectos tales como la publicidad engañosa, instaurar el derecho a retractarse del contrato, aun después de haber sido firmado, e impedir que puedan firmarse fuera de los establecimientos permitidos.
