España y un nutrido grupo de países se opuso ayer en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE a la propuesta de la presidencia holandesa de suprimir las ayudas regionales comunitarias a partir del 2007 a todos los estados con nivel de renta superior al 75% de la media europea. La propuesta privaría a España de ayudas superiores a los 6.200 millones de euros anuales. La discusión sobre el futuro marco presupuestario de la UE ampliada para el periodo 2007-2013 dominó la reunión del Consejo de Ministros.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, reclamó "un reparto equitativo de la carga de la financiación de la ampliación" entre los miembros de la Unión Europea y defendió que cualquier cambio en la distribución de los fondos sea "gradual".

PERIODO TRANSITORIO Solbes apoyó la propuesta de la Comisión Europea, que incluye unas ayudas especiales para las regiones que dejarán de ser pobres por el efecto estadístico de la ampliación. Ese proyecto es rechazado por los países más ricos, porque implicaría un incremento de sus contribuciones al presupuesto de la UE. El vicepresidente también defendió que la supresión del fondo de cohesión se produzca de forma escalonada a partir del 2007 para evitar la "pérdida de ayudas más abrupta" de la historia de la UE.

España contó en el debate con el respaldo de la mayoría de los nuevos estados miembros, de Grecia, de Portugal y, en cierta medida, de Bélgica. Frente a ellos se alinearon: Holanda, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Austria, Dinamarca y Suecia, que reclaman congelar el gasto comunitario a su nivel actual. Finlandia defendió una posición muy similar a la de esos siete países, igual que alguno de los nuevos estados miembros, como Estonia. Italia y otros países mantuvieron una posición ambigua durante la discusión.

La presidencia holandesa concluyó tras el intenso debate que siguen existiendo unas profundas divergencias entre los 25 sobre el futuro marco presupuestario y que la política de cohesión (ayudas regionales y fondo de cohesión) es la cuestión más conflictiva. Luxemburgo, que asume la presidencia de la UE en enero, deberá intentar acercar esas posturas antagónicas.