El Gobierno ha decidido estrechar el cerco al fraude en el alquiler de viviendas y ya, en la próxima declaración de la renta, se incluirá una casilla en la que el inquilino deberá consignar el número de identificación fiscal (NIF) de su arrendador. Así, se obligará a éste a declarar lo que ingresa por el alquiler. Ésta es una medida del plan de prevención del fraude fiscal que estudió ayer el Consejo de Ministros y que incluye múltiples cambios operativos y legales para atajar el incumplimiento tributario.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, explicó ayer que el plan "comenzará a aplicarse de manera inmediata". La próxima semana se publicarán las directrices del plan de control tributario para el 2005, con los cambios "operativos". En el segundo semestre, se aprobará un proyecto de ley antifraude, que aglutinará todas las medidas que requieren de cambios normativos.

PEQUEÑAS EMPRESAS El Gobierno ha descartado --"de momento", según Solbes-- modificaciones en el régimen de módulos del IRPF por el que tributan más de un millón de pequeños empresarios. En el borrador inicial, el plan de lucha contra el fraude aconsejaba expulsar del régimen de módulos a los autónomos que no venden directamente al consumidor, sino que forman parte de la cadena intermedia de producción, como por ejemplo, los pintores subcontratados por constructoras.

El vicepresidente dijo que el régimen de módulos "es injusto por definición" pero, a la vez, es un sistema eficaz de tributación. Según Solbes, se intentará atajar "la utilización abusiva de algunas prácticas". La ley regulará un sistema de retención de facturas emitidas por autónomos.

El Ministerio de Hacienda también ha decidido aparcar otra de las propuestas incluidas en el borrador inicial, tras analizar las más de 500 sugerencias que ha recibido la web de la Agencia Tributaria y los 22 informes de organizaciones.

Así, se ha renunciado --también "de momento"-- a que los documentos privados de compraventa de inmuebles se inscriban en el Registro Mercantil. Esta propuesta, una de las más llamativas del borrador inicial, buscaba perseguir la práctica de escriturar inmuebles por debajo del precio real de compraventa con el objetivo de pagar menos IVA o impuesto de transmisiones patrimoniales. "Se estudiarán alternativas", dijo Solbes.

SIN POLICÍA ESPECÍFICA Tampoco se creará un cuerpo específico de Policía Fiscal, sino que se ampliará la colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional para perseguir fraudes.

El fraude en el sector inmobiliario y en las tramas de IVA son dos de los objetivos prioritarios del plan del Gobierno.

Solbes explicó que se van a realizar pruebas piloto de seguimiento de promociones urbanísticas y de comprobación conjunta a los promotores y compradores. Se va a proceder a la identificación in situ de viviendas y locales no declarados y a la identificación de sociedades interpuestas de titulares de viviendas. Además, se pretende fijar un único valor de referencia para los inmuebles --distinto del catastral, más próximo al de mercado-- que tenga validez para todos los impuestos.

En las tramas de fraude en el IVA se prevé fijar un protocolo de actuación que implique a todas las áreas de la Agencia Tributaria. Se llevarán controles preventivos frente a las operaciones intracomunitarias, y se promoverán "acuerdos de entendimiento" con los sectores empresariales más afectados por la competencia desleal del fraude.

Además, el Gobierno tiene previsto crear una delegación central de grandes contribuyentes, para establecer una vigilancia especial sobre las empresas que facturan más de 60 millones de euros al año (10.000 millones de euros).