La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, advirtió ayer, durante su visita al salón inmobiliario Barcelona Meeting Point, que las "autonomías deben garantizar la función social de la vivienda" y que tienen competencia exclusiva para lograr este objetivo. La advertencia venía acompañada de un espaldarazo al responsable de Vivienda de la Generalitat catalana, Salvador Mil , que el pasado lunes anunció medidas para lograr que salgan al mercado pisos permanentemente vacíos. En casos extremos y en zonas muy concretas, la Generalitat propone llegar a la expropiación de estas viviendas.

Trujillo señaló que la apuesta del Gobierno central para que afloren los miles de pisos desocupados que hay en España ha sido crear la Sociedad Pública de Alquiler, para facilitar el arrendamiento de estos inmuebles con la garantía del sector público para sus propietarios.

El ministerio solamente establece el principio general de que la vivienda tiene una función social, que se cumple cuando está habitada, pero Trujillo añadió que los instrumentos para garantizar esta misión dependen de las autonomías, que pueden elegir los sistemas que crean más convenientes.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL La ministra anunció que el Gobierno está preparando una nueva ley del suelo, que asegure también la función social de "este bien escaso", impida la especulación con el mismo, y haga compatible el derecho a la propiedad con otros derechos básicos como el acceso a una vivienda digna, un desarrollo urbano sostenible y el respeto al medio ambiente. La nueva ley incluirá también el principio de accesibilidad universal a la vivienda y a los equipamientos urbanos.

Trujillo hizo estas declaraciones tras la presentación del Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España en el 2004. La ministra de Vivienda utilizó los datos del informe para defender la apuesta del Gobierno a favor de un modelo de ciudad compacto que reduzca los desplazamientos, mezcle los usos (residencial, comercial e industrial), y permita un desarrollo sostenible.

La ministra también anunció que la Administración central ha comprometido ya más de ocho millones de metros cuadrados de su suelo para construir 30.000 viviendas de protección oficial y otros edificios destinados a actividades de interés social destinados a fines sociales, deportivos y educativos.