Las retribuciones de los funcionarios subirán el año que viene un 3%, como mínimo, según el acuerdo alcanzado ayer en la mesa de la función pública, que integra, por primera vez, a representantes del Gobierno central, las administraciones autonómicas y locales y las organizaciones sindicales. El pacto afecta a los 2,43 millones de empleados de la Administración en España, aunque hay una parte que es de aplicación directa y básica para todos los funcionarios y otra que se pactará en las autonomías y ayuntamientos.

El acuerdo incluye una subida salarial básica directa del 2% y la obligación de añadirle tres aportaciones más: un tercio del complemento específico que se añadirá a las pagas extras, (hasta alcanzar en junio del 2009 una paga doble con todas las retribuciones básicas, igual que el personal de la empresa privada); otra suma para los planes de pensiones; y una tercera cantidad como fondos adicionales, para situaciones especiales. En el caso de la Administración estatal, estos incrementos serán de un 1% para las pagas extras; del 0,5%, para las pensiones y del 0,3%, para los fondos adicionales.

DISTRIBUCIÓN VARIABLE La distribución de estos tres porcentajes en las otras administraciones será objeto de concreción en cada presupuesto respectivo, pero los negociadores sindicales confían en que seguirá, como mínimo, las pautas de los funcionarios estatales, dada la presencia de representantes autonómicos y locales en la mesa de la función pública. De acuerdo con esas cifras, el aumento real de la masa salarial del personal público será el 3,8%. Sin embargo, esta subida no se aplicará de forma homogénea entre todos los empleados, porque la partida dedicada al complemento específico en las pagas extras se distribuirá con una fórmula que beneficiará más a los sueldos más bajos. El resultado final será que los empleados que cobran menos podrán alcanzar una subida de 4,2% y los que tienen salarios más altos, del 3,4%,

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, subrayó ayer que al alza del 3% se sumará la subida salarial que cada administración negocie con sus interlocutores sociales.