El viento está de moda. La potencia eólica instalada en España creció en la primera mitad de este año el 10,21%, hasta llegar a los 12.800,74 megavatios, según los datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Ese nivel de potencia instalada equivale al que generan unas 12 centrales nucleares, aunque salvando las diferencias de eficiencia.

Sea como fuere, el ritmo de crecimiento supera ya el listón del 10%, en un contexto de precios al alza del petróleo, del gas y de los combustibles fósiles. Las energías renovables ganan cada vez mayor número de adeptos. La eólica ya supone en torno al 10% de la demanda eléctrica, según los datos que maneja la Comisión Nacional de Energía y Red Eléctrica (REE).

Acciona, que pronto sumará a la propia la producción de Endesa en este sector una vez finalice la opa que lanza junto con la italiana Enel, se ha situado en este periodo de tiempo como primera promotora de parques, con más del 35% del total, seguida de Iberdrola, con el 22,15%. En cómputo anual, Iberdrola sigue primera, seguida por Acciona.

LIGERO DESCENSO Hasta el pasado 31 de junio, Murcia, con casi el 80%; Andalucía, la Comunidad Valenciana y Asturias fueron en este periodo las más dinámicas, con crecimientos de potencia en torno al 40%.

En cambio, La Rioja, con 55,6 de cada 100 kilovatios consumidos; Navarra, con 46 de cada 100 y Aragón, con 35,1% son las autonomías en las que el consumo eléctrico depende más de la eólica, según datos de la patronal eléctrica Unesa y la CNE.

La reciente regulación de los parques eólicos marinos aprobada por el Gobierno puede suponer un nuevo impulso para esta energía. Este tipo de instalaciones en el mar deberán tener una potencia mínima de 50 megavatios. El Gobierno elaborará un mapa de áreas idóneas para la instalación de este tipo de parques. Los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Medio Ambiente serán los competentes en esta materia y serán los encargados de realizar un estudio estratégico ambiental del litoral español para determinar las zonas del dominio público marítimo terrestre que reúnen condiciones ambientales favorables para ubicar estos parques.

PROBLEMA DE COMPETENCIAS El estudio establecerá una clasificación, al menos, en zonas aptas y zonas de exclusión para estos usos. Algunos proyectos que se habían planteado en torno al Cabo de Trafalgar, en Cádiz se habían paralizado por falta de referencias jurídicas e indeterminación sobre las competencias entre administraciones.