El fiscal anticorrupción David Martínez Madero ha solicitado al juez que investiga la presunta malversación de fondos públicos por parte de altos directivos de Mutua Universal que requiera a esta entidad de asistencia sanitaria laboral el depósito de una fianza de, al menos, 183,7 millones de euros para cubrir eventuales responsabilidades civiles. Asimismo, la acusación pública reclama la imputación de seis altos cargos de la mutua, que se sumarían a los cinco que ya figuran como tales, entre ellos el que era el director general Juan Aicart Manzanares.

Un informe pericial elaborado por los peritos judiciales ha establecido que Mutua Universal presuntamente defraudó a la Seguridad Social al menos 219 millones de euros entre los años 1990 y 2007. Esta cantidad sería el dinero que debía haberse retornado al erario público y que se sospecha que fue desviado mediante operaciones irregulares a empresas asociadas a la entidad.

PRESCRIPCIÓN EN 10 AÑOS Hasta el momento no se había solicitado a los presuntos responsables de esta actividad delictiva fianza civil alguna para el aseguramiento de las responsabilidades civiles que pudieran determinarse. Pero ahora que ya se ha cuantificado la presunta malversación de fondos, el fiscal ha reclamado que los imputados y Mutua Universal procedan a prestar fianza o aval por, al menos, 183,7 millones de euros. Esta cantidad es menor a la presuntamente defraudada en global desde 1990 al 2007 porque el delito de malversación de caudales públicos cometido por particulares determina un plazo de prescripción de 10 años. Es decir, el fiscal ha efectuado sus cálculos sobre los últimos 10 años y ha tenido en cuenta que los peritos no han podido acreditar, por ahora, lo sucedido en los ejercicios de 1998, 1999 y el 2000.

"La cifra malversada y susceptible de reclamación en vía penal ascendería a 183.795.290 euros", incide el fiscal en su escrito remitido al Juzgado de Instrucción numero 21 de Barcelona. El juez deberá decidir ahora.

DIRECTIVOS CITADOS El fiscal, además, ha solicitado al juez que cite a declarar como imputados a los subdirectores generales de Mutua Universal Javier Tobajas Bru, Josep García Belaire y Alfredo Macià Pelegrín, así como al director del departamento de inmuebles, compras y servicios, José Julio Fernández Sánchez; al director de control de gestión, panificación y auditoría, Jordi Pons Coma, y al asesor jurídico externo Daniel Redondo García.

La petición del fiscal se basa en un informe del grupo de delincuencia económica y blanqueo de capitales de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Ese análisis detalla un complejo entramado de empresas creado alrededor de Mutua Universal y que tiene como objetivo el movimiento de capitales legales e "ilegales", la reinversión y "el control de los activos por los principales urdidores de la trama", lo que se traduce en un "incremento de su patrimonio".

El fiscal distingue entre los altos cargos que tomaron decisiones y emitieron las órdenes y quienes, obedeciéndolas, "las planificaron y ejecutaron, no pudiendo ninguno ignorar que con su aportación se produciría el resultado lesivo". "Cabe en tal cúspide rectora destacar la preponderancia del director general Juan Aicart", pero no puede "desconocerse que los otros cuatro subdirectores --en la querella solo figuraba Eduardo Villa y ahora se pide la imputación de los otros tres -- ejercían junto al primero el dominio de los hechos". Los cinco poseían toda la información "acerca del acontecer atípico y controlaban las estructuras en que la "continuada comisión del delito tuvo lugar".