Casi siete años después de la intervención de Gescartera por los órganos reguladores, la Audiencia Nacional decidió ayer enviar a la cárcel madrileña de Soto del Real a su principal accionista, Antonio Camacho, y a cuatro de sus más íntimos colaboradores, a los que les impuso penas de entre nueve y 11 años de prisión. Otros cuatro imputados, entre ellos Pilar Giménez-Reyna, hermana de el entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, y dos antiguos ejecutivos de La Caixa, fueron condenados aunque a penas menores por lo que ayer no ingresaron en la cárcel.
En total, la sección cuarta de la Audiencia Nacional impuso 52 años de cárcel para ocho procesados y absolvió a otros seis. El tribunal condenó a Camacho a 11 años, ocho por apropiación indebida y tres por falsedad en documento mercantil. Por los mismos delitos pagarán el director general de Gescartera, José María Ruiz de la Serna (10 años y seis meses); el subdirector general, Francisco Javier Sierra (seis años y medio); el administrador de AGP, Aníbal Sardón, (nueve años); el asesor externo Julio Rodríguez Gil (seis años); la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna (tres años y medio); y el director y subdirector de una sucursal de La Caixa en Majadahonda, Miguel Prats y José Alfonso Castro (tres años).
MULTAS. Además, los condenados deberán pagar multas de entre los 168.000 euros en el caso de Camacho a 10.800 euros en el caso de los ejecutivos de La Caixa. Todos tendrán que responder de modo solidario del déficit patrimonial derivado de las operaciones "de distracción dineraria y de títulos-valores que desarrollaron" en Gescartera por un importe de 125 millones de euros. De ellos, 87,9 de principal más otros 37 millones de intereses devengados desde la intervención de la entidad en junio del 2001 hasta la fecha.
Los casi 88 millones de euros que tendrán que aportar los responsables de Gescartera corresponden a los 56,8 millones que pedían los 655 afectados por el agujero patrimonial en la entidad, otros 25,4 para que el Fondo General de Garantía de Inversiones recupere lo que adelantó a otros perjudicados y 5,6 millones para cubrir desfases de otros posibles inversores afectados.
ALEGRÍA DE LOS PERJUDICADOS. La Caixa y Caja Madrid Bolsa fueron declarados responsables subsidiarios, lo que fue recibido con alegría por los abogados de los afectados, ya que consideran que "garantiza que nuestros defendidos van a cobrar". El resto de responsables civiles son las sociedades que fundó Camacho. A pesar de que el tribunal ha absuelto a algunos acusados, varios deberán devolver el dinero que recibieron de Gescartera.
