Con recortes de precios pero con más dispositivos incorporados a la tarifa. Así entrará en vigor hoy el nuevo canon digital que ayer publicó el Boletín Oficial del Estado en forma de orden ministerial. La tasa, creada para compensar el derecho de copia privada de los usuarios sobre las grabaciones audiovisuales, también se aplicará desde el día 1 de julio a teléfonos móviles que reproduzcan música (casi todos), discos duros internos y externos, reproductores portátiles de música y vídeo y memorias USB, además de soportes ópticos (CD y DVD), impresoras, fotocopiadoras, escáneres y grabadoras digitales que ya la soportaban.

Los nuevos precios --que respetan los que propuso el Gobierno en diciembre pasado, excepto en los móviles, que se rebajan 0,40 euros-- suponen que los fabricantes de equipos e importadores pagarán a las entidades de gestión (SGAE, Egeda y otras) 1,1 euros por cada teléfono móvil que guarde música, 12 euros por cada disco duro y 3,15 euros por reproductor audiovisual.

La nueva norma fija también un tope recaudatorio para las entidades de gestión, en función de lo que es "el perjuicio anual", y que estima que está entre 34,8 y 37,2 millones de euros al año para los libros y 75,4 y 80,6 millones para las obras audiovisuales. En total, un máximo de 117,8 millones de recaudación, que si se excede obligará a revisar las tarifas. Las entidades de gestión cifran las pérdidas por copia en 300 millones de euros, aunque aseguran que "no esperan compensarlas todas".

"LO MENOS MALO" Por contra, la orden rechaza la retroactividad que pedían los gestores culturales y mantiene los precios hasta el 1 de julio. Esta exclusión de la retroactividad hizo que ayer el presidente de la patronal electrónica Aetic, Jesús Banegas, calificara el texto de "buen trabajo que convierte en mal menor lo que podría haber sido un mal mayor", porque "limita el importe de la recaudación y fija hasta el 2009 para dar tiempo a plantear soluciones". "Estamos en contra del canon, porque es anacrónico y aislacionista. Hay que hacer que esta ley sea obsoleta y luchar de modo eficaz contra la piratería", añade.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE Los gestores, en cambio, critican el retraso de casi 15 meses en la actualización de las tarifas y esperan que la norma "aporte la seguridad jurídica suficiente para defendernos de la campaña de desprestigio", explica Rafael Sánchez, director gerente de Egeda, entidad que agrupa a los productores audiovisuales. Estas acusaciones han hecho, dice, que "se extienda el fraude en las liquidaciones" de las tiendas, que pasaron de pagar 99 millones en el 2006 a los 84 millones del 2007, y a que limite "la competencia desleal" que suponen los que no pagan la tasa.