La Comisión Europea ha advertido a España de que podría verse obligada a pagar cuantiosas multas, si no cumple la sentencia de diciembre de 2006 que le obligó a recuperar las ayudas públicas "ilegales" concedidas en el País Vasco en forma de créditos y minivacaciones fiscales a empresas nuevas.

El Ejecutivo de la UE ha dirigido a España un "dictamen motivado", segunda fase del procedimiento de infracción, en el que pide a España que acate la sentencia del Tribunal de Justicia europea, so pena de ser denunciada por segunda vez, lo que conllevaría la imposición de multas coercitivas.

Casi un año después de haberle sido requerida información sobre la ejecución de dicha sentencia, "las autoridades españolas aún no han presentado pruebas claras que permitan a la Comisión determinar si se ha reembolsado la totalidad de las subvenciones ilegales", afirma la CE en un comunicado.