La teoría dice que para que un mercado sea libre es imprescindible que sus participantes tomen decisiones conscientes de los riesgos que toman. Si los actores (o algunos de ellos) saben que sus decisiones no van a tener consecuencias en caso de que sean erróneas juegan con ventaja respecto a los demás, desvirtuando el proceso económico. Por eso, las decisiones de esta semana del Gobierno de EEUU de rescatar a la aseguradora AIG (pero no a Lehman Brothers) y después construir un plan que permita a los bancos despojarse de su deuda tóxica a costa del erario público se han visto acompañadas por un debate sobre la ortodoxia liberal.

Es evidente que nacionalizar de facto una aseguradora como AIG no es una política liberal. "Felicidades, contribuyentes, ahora sois los orgullosos propietarios de una compañía aseguradora llena de deudas", decía con sorna esta semana el diario The Washington Post en un editorial. Al inicio de la crisis de las hipotecas basura subprime, hubo congresistas (demócratas) que exigieron a la Administración Bush y a los rectores de la economía estadounidense que prepararan un paquete de ayudas a los ciudadanos que no podían hacer frente a sus préstamos. El argumento es que si el problema era que las hipotecas no podían pagarse la solución era ayudar a los consumidores a hacerlo, por ejemplo mediante una renegociación de las condiciones de los créditos, en los que el Gobierno compensaría a los bancos.

PLAN RIDÍCULO Hubo un plan de ayuda más o menos en estos términos, pero ridículo comparado con las cifras que después se han barajado para rescatar a las empresas (220.000 millones de euros, sin contar las inyecciones de capital en los mercados para asegurar la liquidez ni los "cientos de miles de millones de dólares" que dedicará el Gobierno a que los bancos se saquen de encima sus productos financieros ruinosos). A ojos del ciudadano de a pie, la comparación es sangrante: los responsables de la crisis acaban siendo salvados por el erario público mientras los consumidores son dejados a su suerte. Fue el propio Bush quien al principio de la crisis, cuando el aumento de los tipos disparó los desahucios de propietarios de casas que no podían pagar sus hipotecas basura subprime, acusó de la situación a los consumidores, que tomaron decisiones "poco inteligentes".

Sin embargo, no se le ha oído al presidente criticar a los agentes del sistema financiero que tomaron decisiones que se ha visto que fueron poco inteligentes en su carrera para sacar provecho de la burbuja inmobiliaria y que han generado esta crisis.

PRINCIPIOS En contra, por supuesto, están los principios. Los columnistas más conservadores lamentan que estas políticas de "nacionalización" son dignas de un Gobierno "socialista". De la mano de unos gestores públicos republicanos, el Estado se encuentra ahora con una fuerte presencia en el mercado inmobiliario, en el financiero y también en el de los seguros.

Si el sistema financiero necesita una "limpieza", en palabras del primer ministro británico, Gordon Brown, resucitar empresas en bancarrota ralentiza la catarsis. Y este descomunal desembolso de dinero público en un momento en el que el déficit ya está de por sí por las nubes (este año se triplicará y llegará a los 407.000 millones de dólares) puede suponer, para horror de los conservadores, que sea necesario endurecer la política fiscal.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, defendió ayer que la supervisión de la banca no sea solo nacional. "Hace falta más Europa", añadió Almunia.