Los agentes sociales y el Gobierno comenzarán a discutir el lunes un paquete de medidas para atajar la sangría del desempleo. El eje de estas iniciativas basculará en una reorganización de los incentivos a la contratación estable con el fin de que las empresas reciban más ayudas, incluso aportaciones directas, por cada parado que contraten, especialmente cuando se trate de los más desprotegidos.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dijo ayer en el Congreso que se han reservado 2.800 millones de euros para que en el 2009 unos tres millones de trabajadores tengan contratos bonificados. Corbacho dejó claro que las reformas irán dirigidas "a las familias y a las empresas".
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, puntualizó ayer que "es más importante evitar la destrucción de empleo que incentivar nuevas contrataciones".
