La dimensión de la crisis financiera es tal que la histórica intervención de la Caja Castilla La Mancha (CCM), lejos de ser una excepción, no es más que el primer capítulo de un proceso que se extenderá "en los próximos años". El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dio por sentado ayer que "será necesario reestructurar" algunas entidades de tamaño pequeño y mediano, y advirtió que, para ello, se precisarán "más recursos públicos que en ocasiones anteriores".
El responsable del organismo supervisor venía avisando desde hacía meses de que el sector financiero estaba abocado a una reorganización, pero nunca antes lo había hecho de forma tan contundente. Como ha hecho desde que estalló la crisis, defendió la solidez del sistema frente a la de los países del entorno, pero introdujo matices relevantes.
Fernández Ordóñez alertó en el foro Cinco Días de que los problemas financieros (menores márgenes, dificultad en la financiación exterior y más mora) están poniendo al descubierto las "debilidades del negocio" de parte del sector. Es decir, que "no solo es inevitable sino saludable" una reordenación que desemboque en un número menor de entidades más solventes.
FUSIONES El gobernador, amparándose en una moción aprobada por unanimidad en el Congreso, se comprometió a que la reorganización se base en cuatro principios: mínimo impacto en las arcas públicas (priorizar soluciones privadas, vía fusiones y Fondo de Garantía de Depósitos); ayudas puntuales, nunca recapitalizaciones generales, y condicionadas a reestructurar la entidad y a la salida de los directivos; respeto a los derechos de los acreedores; y rendición de cuentas en el Congreso.
El Banco de España, comprometió, velará porque se respeten los intereses de los depositantes, la estabilidad del sistema y la libre competencia. Pero, a cambio, pidió el consenso de los agentes sociales y los partidos, y el "instrumental" para actuaciones rápidas. "Lo que no podemos es reunir al Consejo de Ministros de urgencia cada vez que haya que intervenir", remachó.
El gobernador admitió que hubiera sido más positivo una fusión entre la CCM y Unicaja o Ibercaja que la intervención, pero pidió no dar por "fracasada" la estrategia de buscar soluciones privadas antes de poner dinero público. El fracaso de las conversaciones y las "disputas públicas", explicó, hicieron inevitable su actuación. Reconoció que debería haberse producido antes --"Probablemente el tiempo ha sido excesivamente dilatado"--, pero lanzó una dura acusación a los partidos. "Las disputas políticas que se han dado en esta y otras cajas de ahorro --saben que las cajas están interpenetradas por los políticos-- no son positivas. Les pediría contención, porque si no le costará más dinero a los contribuyentes sanearlas", criticó Fernández Ordóñez.
El gobernador aseguró que no hay otras cajas en la situación de la CCM --"estaríamos actuando"--, pero afirmó que el "problema" es que estas entidades no tienen capital, con lo que apostó por reformar la ley para "acercarlas" al modelo de los bancos y disminuir el peso político.
MEDIDAS DE CHOQUE Fernández Ordóñez abogó por adoptar, "de forma excepcional" y "al menos durante la crisis", un par de medidas para aliviar su impacto sobre la destrucción de empleo. Fernández Ordóñez defendió una aplicación "flexible" de los convenios colectivos. En segundo lugar, defendió "un contrato simple e indefinido de fomento del empleo, que pueda utilizarse para todas las nuevas contrataciones y con un régimen de protección al desempleo que no desincentive la contratación".
