Los parados que hayan agotado su prestación por desempleo, y que se puedan acoger a la ayuda del Estado de 420 euros, podrían llegar a cobrar el salario mínimo interprofesional (624 euros al mes) si, a cambio, aceptan un empleo social que les ofrezca un ayuntamiento, una diputación o una comunidad autónoma. La propuesta fue planteada ayer por la consejera catalana de Trabajo, Mar Serna, en la Conferencia Sectorial de Empleo --que reunió en Madrid al ministro de Trabajo y a los responsables autonómicos del ramo-- y fue acogida con entusiasmo por la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo.
"La propuesta es muy importante, muy interesante. Ojalá técnicamente, legalmente, no haya problemas", afirmó Rojo al término de la reunión. La secretaria general de Empleo recordó que desde hace 30 años existe en la legislación española la figura de los "convenios de colaboración social", que permiten que una institución pública pueda contratar a una persona parada que esté cobrando una prestación por desempleo para realizar trabajos para la comunidad a cambio de completar sus ingresos con una cantidad adicional.
VOLUNTARIEDAD Lo que planteó ayer la consejera Serna es la posibilidad de encajar la nueva prestación del Estado de los 420 euros en este tipo de convenios y es esto lo que, según Rojo, hay que estudiar desde un punto de vista técnico.
La propuesta consiste en "la posibilidad de establecer convenios de colaboración" con el Ministerio de Trabajo, para que "comunidades autónomas y ayuntamientos" puedan complementar la prestación de los 420 euros de aquellas personas que realicen un empleo social. La consejera Serna insistió en la voluntariedad de esta opción, alternativa o complementaria de las actividades formativas programadas para los desempleados que hayan agotado su prestación por desempleo. Según la consejera, el objetivo último es favorecer la reinserción del parado en el mercado laboral y prestarle el máximo apoyo posible.
APOYO DE LA FEMP El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, que asistió como invitado a la reunión de ayer de la Conferencia Sectorial de Empleo, presentó una iniciativa en la misma línea. Según Castro, los ayuntamientos podrían aportar los proyectos y los medios materiales para poder ofertar este tipo de empleos. "No queremos que se pague paro, sino que esos 420 euros se utilicen para pagar empleo", afirmó Castro.
El modelo podría funcionar según este ejemplo: un ayuntamiento oferta un proyecto de rehabilitación de un monumento; la comunidad autónoma promueve que un grupo de parados con acceso a la prestación de los 420 euros suscriban convenios con la Administración local; el Gobierno autonómico complementa la percepción con 200 euros (hasta una cuantía similar al salario mínimo interprofesional) y el ayuntamiento pone a disposición los materiales y herramientas necesarios (cemento, andamios, etcétera).
OTRAS FÓRMULAS El Ministerio de Trabajo que dirige Celestino Corbacho también se comprometió ayer a estudiar fórmulas para que las comunidades autónomas donde existe una renta de inserción superior a la cifra de 420 euros puedan "complementar" la prestación del Estado hasta alcanzar la misma cuantía de la ayuda autonómica, ya que percibir ambas cantidades es incompatible, según la legislación vigente.
