La reforma laboral que costará a José Luis Rodríguez Zapatero una huelga general apenas tendrá efectos sobre la elevada temporalidad del mercado de trabajo. Los expertos consultados coinciden en señalar que las nuevas contrataciones continuarán siendo eventuales en una proporción muy parecida a la actual, que ronda el 90%.

El empleo fijo será poco atractivo para las empresas españolas denido a la suavidad de las medidas disuasorias o penalizadoras de la contratación temporal y las dudas jurídicas acerca del despido objetivo de 20 días.

"Habrá un escaso impacto directo en la reducción de las tasas de temporalidad, salvo que como efecto reflejo haya una fuerte conversión de temporales en indefinidos de fomento, con despido de 33 días en vez de 45", según Jesús Cruz Villalón, catedrático en Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla.

EFECTIVIDAD Incluso si las empresas aprovechan los incentivos para convertir eventuales en fijos, los expertos vaticinan que sucederá como en el año 1997, cuando el efecto de la introducción del contrato con despido de 33 días se fue diluyendo.

El magistrado de lo social Ramón Llena considera que el tope de cuatro años introducido para el contrato por obra y servicio "tendrá poco efecto limitador y no será un freno para su utilización". Rafael Ortiz, socio del bufete Garrigues, califica de "absurdo" el límite que se ha puesto y asegura que sería "más efectivo mejorar el control del fraude en la contratación".

Para Joan Antoni Alujas, profesor de la Universidad de Barcelona (UB), "no queda claro que las medidas adoptadas consigan reducir la dualidad del mercado de trabajo" entre fijos y temporales. El problema de fondo de la reforma es, según Francisco Pérez de los Cobos, director del departamento de Derecho del Trabajo de la Complutense de Madrid, que "minusvalora la problemática que afronta".

PENDIENTES DEL SUPREMO Aunque el Fogasa subvencionará ocho días de la indemnización, persiste "la misma inseguridad jurídica" respecto a las causas económicas que permiten a una empresa pagar 20 días, según Álex Valls, del bufete Baker & McKenzie. La prueba de fuego será, según Rafael Ortiz, la interpretación que haga el Supremo, para lo que habrá que esperar. El colofón de la reforma puede ser, según Joan Coscubiela, profesor de Esade, que "se esté alimentando el círculo vicioso de más precariedad, menos formación e innovación, menos productividad, peor competitividad".