La corrupción de políticos y funcionarios se ha estancado en España, tras cinco años de incrementos, debido a la crisis económica que ha hecho estallar la burbuja inmobiliaria y ha hundido las inversiones en el sector, que además ha sido objeto de numerosas investigaciones. Así se desprende del Índice de Percepción de la Corrupción 2010 publicado ayer por Transparencia Internacional, que mide el grado de corrupción pública que empresas y expertos atisban en 178 países. España se mantiene en el puesto número 30. Dinamarca ofrece la mejor nota.

Según el presidente de la organización en España, Jesús Lizcano, el país mantiene la nota del 2009 (6,1 puntos) porque la crisis ha hecho que exista "menos dinero disponible y menos inversión en el sector inmobiliario". En los últimos años "se daban todos los factores para que hubiera corrupción urbanística", especialmente en el sector público local, explicó el catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria. "Había un monopolio de los gobiernos municipales y especialmente de los alcaldes para iniciar actuaciones urbanísticas, discrecionalidad, pocos controles y mucho dinero", aseguró. Villoria atribuyó la merma de la corrupción a la falta de liquidez, el aumento de la supervisión y la menor capacidad de los alcaldes para aprobar convenios por sí solos.