El Gobierno prevé aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) el próximo año entre el 1,5% y el 2,5%, según manifestó ayer en Santander el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. En el caso de mantenerse la inflación en las tasas registradas hasta mayo, del 3,5%, ese aumento salarial quedará, como mínimo, un punto por debajo del incremento de los precios.

El ministro justificó la horquilla de aumento basándose en el acuerdo firmado con los agentes sociales este año. El ministro recordó que para el 2011 el incremento estipulado es del 1,3%. El salario mínimo se sitúa actualmente en los 641 euros al mes. Con el incremento anunciado por Gómez, será imposible que el Gobierno cumpla con su compromiso de situar el SMI en los 800 euros al final de la legislatura. Un incumplimiento que ayer se encargaron de destacar y de criticar los secretarios generales de CCOO y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, en el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, en el que también hizo su anuncio el ministro.

La noticia coincidió con la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala el recorte salarial aplicado a los funcionarios el año pasado. Los magistrados del alto tribunal rechazaron la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional sobre el tijeretazo a los empleados públicos (no funcionarios) de la Fábrica Nacional de la Moneda.

LOS ARGUMENTOS Los magistrados, tras explicar a sus subordinados que no han tramitado adecuadamente esta cuestión, rechazan que el decreto del Gobierno haya supuesto "una afectación" del derecho "a la negociación colectiva", ya que no "regula el régimen general de dicho derecho, ni la intangibilidad del convenio colectivo se configura como uno de sus elementos esenciales". Y afirman que la decisión del Gobierno "no afectó a los derechos, deberes y libertades" de la Constitución.

Asimismo, reprochan a los jueces de la Audiencia que les hayan planteado esta cuestión por entender que "es notoriamente infundada", y piden a los tribunales que restrinjan estas consultas para evitar "la paralización de otros procesos".

Ahora, la Audiencia Nacional aplicará esta doctrina en la demanda presentada por parte de los empleados públicos.