Mientras la Unión Europea (UE) se toma su tiempo para decidir respecto al plan adicional de rescate para Grecia, el país heleno vivió ayer una nueva oleada de protestas contra los recortes sociales y aumentó la inestabilidad política hasta el punto de que el primer ministro, Giorgos Papandreu, se mostró dispuesto a dimitir si eso permite crear un gobierno de unidad nacional con la oposición conservadora.
Como ya sucedió en Portugal, la economía ha contagiado su inestabilidad a la política y puede poner en peligro al Gobierno socialista de Atenas presionado en todos los frentes: desde la oposición, desde la calle con las protestas sindicales y desde la Unión Europea (UE) y las agencias de calificación.
En la tercera jornada de huelga general convocada por los sindicatos griegos, con 25.000 ciudadanos manifestándose en la calle, enfrentamientos entre radicales y la policía ante el Parlamento que debía discutir el nuevo plan de austeridad, Papandreu consultó a los líderes de la oposición su disposición a participar en un gobierno de unidad nacional que saque adelante el nuevo plan de reajuste.
Papandreu propuso retirarse del cargo para ser sustituido por "alguien de común acuerdo", según dijeron a Efe fuentes cercanas al primer ministro. Antonis Samarás, líder de Nueva Democracia, había puesto esta condición cuando hace unos días afirmó en la prensa de Atenas que en un gobierno de unidad nacional "Papandreu no podría ser el primer ministro".
La renuncia del primer ministro facilitaría las cosas en clave interna, pero en la UE el debate ha quedado atascado en la división constatada el martes sobre la forma de dar entrada a la banca en el plan de rescate.
NUEVAS REUNIONES Para este fin de semana están anunciadas reuniones ordinarias y extraordinarias de los ministros de Finanzas de la Eurozona. Sobre el resultado de las mismas, el portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Amadeu Altafaj, dijo: "No me comprometo a nada". Reducía así las expectativas de acuerdo. "Aún hay tiempo para alcanzar un consenso", opinó ayer la vicepresidenta económica española, Elena Salgado, sobre la entrada de la banca privada en la financiación del rescate, una posibilidad a la que se opone España.
Grecia debe aprobar un segundo paquete de recortes y aumento de impuestos para recibir nuevas ayudas comunitarias.
