La reforma laboral se convirtió ayer en la bandera de enganche que enarbolaron los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO para intentar canalizar el descontento social ante la situación económica y la escasa respuesta política a la presión de los mercados en favor de los planes de ajuste.

La entrega de más de un millón de firmas ante la Junta Electoral Central en apoyo de una iniciativa legislativa popular que cambie el texto de la primera ley que adoptó el Gobierno a instancias de la Unión Europea (UE), fue un nuevo escalón en el pulso entre el poder social y el económico. Sirvió además para calentar motores ante la jornada de acción sindical europea que se celebrará el próximo martes día 21 para pedir un cambio de rumbo en la gobernanza económica de la UE.

"Somos el canal democrático de más de un millón de ciudadanos", clamó Cándido Méndez desde el estrado que las centrales instalaron en plaza de Canalejas de Madrid, a medio camino entre el Congreso de los Diputados y la Puerta del Sol, escenario de la acampada de los indignados y que a esa misma hora acogía la toma de posesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Desde que entró en vigor la reforma laboral, con el polémico abaratamiento del despido, UGT y CCOO han recogido 1.058.752 firmas que Méndez y Toxo entregaron ayer a la Junta Electoral Central en 138 cajas. Les acompañó el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares. Su sucesor al frente de esta formación, Cayo Lara, recibió el apoyo de los líderes sindicales tras el incidente del miércoles con un grupo de indignados exaltados.

CONDENA DE LA VIOLENCIA Los sindicatos condenaron los actos de violencia producidos en Barcelona, pero justificaron la indignación. La gente "no se resigna, se indigna cuando se gobierna de espaldas a la mayoría", dijo Toxo. Ante un millar de sindicalistas dejó claro que "esto es el rechazo a las instituciones y estas tienen que alinearse con las posiciones de la ciudadanía".

Méndez afirmó que los políticos "tienen toda la legitimidad" pero "deben saber" que hay debates en que "se protege más al causante que a la víctima" de la crisis económica. El mundo financiero, denunció, dice padecer las consecuencias de la crisis cuando ha sido su causante.

Para pedir la anulación de la reforma laboral, los líderes sindicales afirmaron que ha sido "inútil y perjudicial", porque, entre otras cosas, el paro ha subido hasta el 21% pese a lo que dijo el Ejecutivo en su día.